Los debates sobre cómo afrontar y qué medidas deben tomarse para hacer frente a la imparable subida del precio de la luz se suceden en las últimas semanas. Debates que generan propuestas diferentes, como las posibles medidas paliativas que aporta el experto Diego Rodríguez (UCM y FEDEA).
Según explica Rodríguez, la discusión se organiza en torno a los cuatro grandes componentes de la tarifa eléctrica: el coste en sentido estricto de la energía adquirida a las comercializadoras de electricidad, determinado por su precio de mercado; los peajes que han de cubrir los costes de inversión y de operación de las redes de transporte y distribución eléctrica; los impuestos que gravan el consumo de electricidad; y los llamados cargos que financian ciertos costes ligados a decisiones de política energética que se incluyen en la factura de la luz por decisión política, incluyendo la amortización de la deuda acumulada en su momento por el sistema eléctrico, la retribución específica ofrecida para incentivar la entrada de renovables y los sobrecostes de los sistemas de generación extrapeninsulares.
Con estas puntualizaciones, Rodríguez analiza la evolución probable de los distintos conceptos de la tarifa y valora los pros y los contras de posibles actuaciones, incluyendo las propuestas hechas hasta el momento por el Gobierno:
– En relación con los costes regulados de las redes, se constata que no hay margen para una rebaja a corto plazo en los peajes que han de cubrir tales costes. Sí habrá una posibilidad mucho más temprana de reducir los cargos en la factura de los consumidores eléctricos cuando entre en vigor el nuevo Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. El experto recomienda no fundamentar su existencia en un posible problema de sostenibilidad financiera del sector, sino solo en la necesidad de que todos los vectores energéticos contribuyan a los esfuerzos en materia de descarbonización. Con ese fin, el Fondo debería plantearse como un Fondo de renovables que podría integrar los posibles costes regulados de renovables no eléctricas.
– En relación con los costes regulados de las renovables con un sistema de retribución específica, que serán financiados por el Fondo de Sostenibilidad, se señala que los altos precios de mercado actuales hacen que estas instalaciones estén recibiendo una retribución de mercado muy superior a la esperada, por lo que su retribución regulada deberá ajustarse a la baja de manera muy significativa al final del actual subperíodo regulatorio (en 2023). Rodríguez propone revisar el calendario de ajuste para anticipar sus efectos positivos sobre los costes netos del sistema.
– Con respecto al resto de costes incluidos en los cargos del sistema, señala el amplio margen de reducción que dejará la desaparición de la deuda eléctrica en la segunda mitad de esta década. Asimismo, sugiere valorar la traslación a los Presupuestos Generales del Estado del 50% de los sobrecostes de generación de los sistemas extrapeninsulares que todavía financia el sistema eléctrico.
– En relación con los impuestos, se recomienda considerar la eliminación definitiva del impuesto de generación del 7%, especialmente si el hueco de ingresos que deja puede ser cubierto por el aumento de ingresos procedente de las subastas de los derechos de emisión de CO2. Asimismo, se destaca la falta de justificación del Impuesto Especial sobre la Electricidad y se argumenta que, en cualquier caso, una reducción a una décima parte del tipo actual sería respetuosa con la imposición mínima que requiere la normativa europea. En el caso del IVA se señala que las modificaciones temporales del tipo aplicable a la electricidad nos alejan de la deseable neutralidad impositiva entre vectores energéticos. En cualquier caso, se reitera la necesidad de abordar una reforma global de la fiscalidad medioambiental, evitando la aplicación de medidas coyunturales y suspensiones temporales.
– En relación con posibles medidas de extracción parcial de beneficios sobrevenidos, apuesta por no distorsionar la eficiencia en el funcionamiento del mercado o comprometer los incentivos para la entrada de nueva capacidad renovable.
– Por último, sugiere la conveniencia de modificar el diseño de las concesiones hidroeléctricas que vayan venciendo para permitir una extracción más adecuada de las rentas de escasez asociadas al agua. Esto se podría hacer mediante una combinación de subastas concesionales con tasas específicas, fijas o variables, por el uso de ese recurso.
