La soledad no deseada que viven muchas personas mayores es un problema de gran calado que intentará atajar la Plataforma de Mayores y Pensionistas, PMP, en este 2022. Para ello pondrá en marcha, en colaboración con diferentes administraciones, programas para combatir la soledad que sufren más de dos milloned de personas en nuestro país.
Atajar este problema es una de la prioridades de la Plataforma, que solicita al Gobierno y a las Comunidades Autónomas la puesta en marcha, de forma urgente, una Estrategia para prevenir y combatir la soledad no deseada. El objetivo es claro: que ningún ciudadano se sienta solo y sin capacidad de resolver sus problemas para vivir con dignidad y sentirse acompañado.
La PMP pide una Estrategia que establezca un marco de actuación global, que oriente los esfuerzos de integración que se hacen desde los ayuntamientos y desde las organizaciones sociales. El presidente de la Comisión de Trabajo de la Soledad No Deseada de la PMP, Lázaro González asegura que no podemos obviar este grave problema «que afecta muy negativamente al bienestar y a la salud de más de dos millones de personas en nuestro país, y alrededor del 6 % de la población de los países de la Unión Europea».
Una sociedad que cuida
Para la Plataforma, entre todos hemos de avanzar hacia una sociedad que cuida, una sociedad que no se olvide de quienes están y se sienten solos, porque las consecuencias de esa soledad son devastadoras. El sentimiento de soledad «es muy destructivo para el bienestar, la salud mental y física» de las personas que la sufren. Además, González reconoce que también «un fracaso para lograr una sociedad que quiere ser inclusiva y cohesionada, que no sabe estar a la altura de un mundo que cambia constantemente y que nuestra inercia impide tejer vínculos que no dejen a nadie fuera del tejido social».
Desde la Plataforma se reivindica que las personas que sufren este tipo de soledad tienen derechos sociales que la comunidad les niega en cierto sentido, al desentenderse de ellas. Por lo que garantizar estos derechos y una vida digna es un problema de justicia y debe ser una preocupación permanente de las instituciones y de toda la sociedad a la que representan. «No es cuestion solo de buenos deseos, de una mirada caritativa o de unas fechas determinadas», concluye González.
