El sector de los cuidados a las personas mayores necesita más profesionales para garantizar su sostenibilidad.
A pesar de que el número de trabajadores del sector de los cuidados a las personas mayores en España ha crecido en los últimos años, se trata de un número insuficiente para dar respuesta a las necesidades del sector y para asegurar su sostenibilidad.
El número de personas trabajadoras en el sistema de cuidados en España ha aumentado paulatinamente en la última década, pasando de 273.150 en 2008 a 452.026 en 2021, de los cuales 283.694 son empleos directos. Si nos fijamos exclusivamente en el sector de los servicios residenciales, 390.000 mayores viven en residencias en España y son 180.000 las personas que trabajan en esos centros, lo que representa un 1,7% de la población ocupada.
El propio Imserso se ha pronunciado sobre esta falta de profesionales y ha estimado que para 2040 serán necesarios alrededor de 300.000 trabajadores más en el sector de los cuidados.
Pero el reto de satisfacer la demanda de la sociedad de profesionales del sector de los cuidados no sólo necesita de una dotación presupuestaria adecuada. Josune Méndez, secretaria general de AESTE, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, ha afirmado que “se apuesta por abordar el problema de una manera transversal, implicando a educación, a trabajo o a políticas migratorias. Se trata de buscar diferentes fórmulas y soluciones para conseguirlo, como la creación de Grados Específicos para la formación de profesionales y agilizando la homologación de títulos a los profesionales extranjeros. Es importante que se implementen también iniciativas que permitan dotar de mayor reconocimiento social al sector de los cuidados, que tanto demanda la sociedad como servicio esencial”.
Ratios de personal
Desde el sector se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones que uno de los grandes problemas que tiene es la falta de profesionales, una escasez que va en aumento debido a la última regulación, el conocido como “Acuerdo Belarra”, que actualiza las ratios de personal de atención directa de primer nivel (cuidadores, auxiliares y gerocultoras) en residencias para personas mayores, que será de 0,43 en 2029. Actualmente, esta ratio de atención directa de primer nivel se sitúa entre 0,15 y 0,28 (Datos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, SEGG, 2020).
Por otro lado, también se actualizan las ratios para todo el personal de atención directa de segundo nivel. Se trata del personal más cualificado. Actualmente, la falta de enfermeras es acuciante, así como de médicos, pero también hacen falta más terapeutas ocupacionales, psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas y rehabilitadoras. En este caso, la reforma establece una ratio de 0,51 en el caso de residencias para personas mayores, y 0,58 en el caso de residencias de personas con discapacidad. En la actualidad, esta ratio se sitúa entre 0,29 y 0,39 trabajadores por persona usuaria (SEGG, 2020).
Pese a estas mejoras de aumento de personal, el cronograma de implementación de los cambios en las ratios crea limitaciones en el número de trabajadores en el corto y el medio plazo, lo que podría cronificar los problemas del sector en materia de personal (especialmente en las residencias para personas mayores).
La demanda de formación especializada en la atención socio-sanitaria de personas mayores dependientes ha crecido un 23% en el último trimestre. Según los últimos datos del Imserso, un total de 68.252 personas son cuidadores no profesionales en España, de los cuales el 88,6% son mujeres y el 11,4% son hombres.
Conseguir los profesionales adecuados para poder cumplir las ratios y que cuenten además con la formación y la habilitación precisa para desempeñar estos trabajos es una necesidad que ya está sobre la mesa, y sobre la que deben dar solución las administraciones y empresas para no poner en riesgo la sostenibilidad del sector.
Será necesaria una mayor dotación presupuestaria por parte de las administraciones públicas para afrontar este reto de los cuidados a las personas mayores y dependientes, para financiar debidamente la dependencia en España y que sea sostenible.
