El envejecimiento obliga a repensar el Estado del bienestar.
El envejecimiento de la población plantea importantes retos económicos y sociales para España. Un nuevo estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) analiza cómo el aumento de la longevidad afecta al gasto público, al mercado laboral y al equilibrio entre generaciones.
El informe, titulado Instituciones, Envejecimiento y Equidad Intergeneracional, ha sido elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz, investigador de FEDEA y profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Según el trabajo, el envejecimiento aumenta el gasto destinado a pensiones, sanidad y atención a la dependencia. Al mismo tiempo, disminuye el peso de la población en edad de trabajar, lo que puede limitar el crecimiento económico y dificultar la financiación de los servicios públicos.
El autor sostiene que el principal problema no es únicamente económico, sino también institucional. A medida que aumenta la edad media del electorado, las decisiones políticas tienden a proteger el gasto más inmediato y pueden relegar inversiones necesarias para las próximas generaciones.
Más gasto asociado al envejecimiento y menos inversión pública
El estudio señala que, entre 1995 y 2024, el gasto vinculado al envejecimiento aumentó en 5,3 puntos del producto interior bruto. Durante ese mismo periodo, la inversión pública descendió del 4,4 al 2,7 por ciento del PIB.
También ha cambiado la contribución de la población trabajadora al crecimiento económico. Entre 1980 y 1999, la evolución demográfica impulsó el crecimiento de la renta por habitante. Sin embargo, entre 2000 y 2019 tuvo un efecto negativo, una tendencia que, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, podría continuar durante las próximas décadas.
El informe destaca además el creciente peso electoral de las personas mayores. En 2017, los votantes de más de 64 años superaron por primera vez a los menores de 35. Para 2074, podrían representar el 35 por ciento del electorado potencial, frente al 20 por ciento de los más jóvenes.
Tres propuestas para mejorar el equilibrio entre generaciones
El estudio plantea tres grandes líneas de reforma. La primera consiste en reforzar la representación de los intereses de las generaciones futuras. Entre las medidas propuestas se encuentran rebajar la edad de voto a los 16 años, crear organismos que defiendan las políticas a largo plazo y evaluar el impacto intergeneracional de las nuevas leyes.
La segunda propuesta es aplicar reglas fiscales que tengan en cuenta tanto las necesidades actuales como las futuras. El autor plantea que cualquier aumento del gasto destinado a las personas mayores debería ir acompañado de una inversión equivalente en políticas de futuro, sin recurrir al endeudamiento.
La tercera línea de actuación pasa por adaptar el Estado del bienestar a la mayor longevidad. El informe propone reformar el sistema de pensiones, facilitar una jubilación gradual que permita compatibilizar pensión y trabajo a tiempo parcial y mejorar la cobertura pública de la dependencia.
También plantea fomentar los planes de pensiones de empleo y dar prioridad a inversiones que favorezcan el crecimiento a largo plazo, como la educación, la investigación, la innovación, las infraestructuras estratégicas y la lucha contra la pobreza infantil.
El objetivo, según el estudio, no es enfrentar a jóvenes y mayores, sino asegurar que las decisiones actuales permitan mantener unas pensiones, una sanidad y unos servicios sociales sostenibles, al tiempo que se preservan las oportunidades de las próximas generaciones.
