FEDEA ha publicado un nuevo estudio en el que el exsecretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, propone una batería de reformas del sistema de protección social que van más allá de la pensión de jubilación.
Entre ellas figuran cambios en las pensiones de viudedad y orfandad, los complementos a mínimos, la incapacidad temporal y los coeficientes reductores de la edad de jubilación.
El trabajo ha sido elaborado con motivo de la II Jornada sobre el Sistema Público de Pensiones y Seguridad Social, que se celebrará el próximo 25 de septiembre en la Fundación Ramón Areces.
Granado cuestiona que el debate público sobre la Seguridad Social se concentre casi exclusivamente en la jubilación cuando el resto de prestaciones contributivas representa ya más del 30% del gasto si se incluyen las incapacidades que posteriormente se transforman en pensiones de jubilación.
El documento no plantea una reforma general de la jubilación, sino una serie de propuestas para incorporar al diálogo social sobre prestaciones con menor presencia en el debate público. El objetivo común, según el autor, es reforzar la naturaleza aseguradora del sistema y mantener una mayor relación entre las aportaciones realizadas y las prestaciones recibidas, sin renunciar a los mecanismos de solidaridad ni a la financiación mediante impuestos cuando resulte necesario.
Una nueva Ley General de la Seguridad Social
Entre las principales propuestas figura la elaboración de una nueva Ley General de la Seguridad Social adaptada al marco constitucional vigente y que sustituya la regulación cuyos fundamentos proceden de las reformas de 1963 y 1967.
Granado considera necesario revisar algunos de los elementos estructurales del sistema, como la distribución de las cotizaciones entre empresarios y trabajadores, establecida históricamente en una proporción aproximada de seis a uno; la vinculación de las bases mínimas de cotización al salario mínimo interprofesional; el techo de cotización y el límite máximo de las pensiones públicas.
El estudio también aborda el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), introducido para reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, así como los cambios previstos para quienes hayan cotizado por las bases máximas y se jubilen a partir de 2026.
Otra de las propuestas consiste en extender la obligación de cotizar a todas las personas que obtengan rendimientos del trabajo, independientemente de su situación formal de afiliación. El autor plantea, entre otros colectivos, la incorporación de mutualistas de clases pasivas.
Más control sobre las cotizaciones realizadas a posteriori
Granado advierte también sobre la incorporación de determinados colectivos a la Seguridad Social mediante mecanismos que permiten reconocer periodos anteriores en los que no existió cotización efectiva.
El estudio cita, entre otros casos, la integración de mutualidades profesionales, los precedentes relacionados con el clero católico, los estudiantes en prácticas y los deportistas profesionales.
A juicio del autor, estas denominadas cotizaciones ex post deben estar reguladas con criterios transparentes que garanticen la equidad respecto a los trabajadores que realizaron sus aportaciones en el momento correspondiente.
Cambios en la pensión de viudedad
Una de las reformas de mayor calado afecta a las pensiones de viudedad. El documento señala que esta prestación puede cobrarse durante la vida laboral junto con cualquier nivel de renta del trabajo, mientras que, al llegar a la jubilación, la suma de ambas pensiones puede quedar limitada por el tope máximo establecido para las pensiones públicas.
Granado considera que esta situación genera una asimetría y propone estudiar una incompatibilidad parcial de la pensión de viudedad con determinados niveles de ingresos laborales mientras el beneficiario permanece en activo.
El ahorro generado podría utilizarse, según su planteamiento, para mejorar las prestaciones de viudos y viudas que actualmente ven limitada su pensión al alcanzar la jubilación.
El trabajo también reclama un mayor equilibrio entre viudedad y orfandad. Según los datos recogidos en el estudio, en 2025 el gasto destinado a viudedad fue trece veces superior al correspondiente a orfandad, una proporción que apenas ha cambiado durante las últimas dos décadas.
Entre las opciones que propone analizar figura incluso una transformación progresiva del modelo actual hacia un sistema de seguro voluntario para las parejas.
Revisar las jubilaciones anticipadas de determinadas profesiones
El documento dedica otro apartado a los coeficientes que permiten adelantar la edad de jubilación en determinados sectores debido a las características de su actividad.
Granado considera que algunas profesiones mantienen condiciones de jubilación vinculadas a circunstancias laborales que han cambiado de forma significativa con el paso de los años. Entre los ejemplos menciona a maquinistas ferroviarios, estibadores y pilotos.
Su propuesta pasa por extender los recargos en las cotizaciones a aquellos colectivos que pueden jubilarse anticipadamente y todavía no los soportan.
Además, plantea vincular estos coeficientes reductores a programas obligatorios de reciclaje profesional durante los últimos diez años de vida laboral. El objetivo sería facilitar que los trabajadores pudieran desempeñar otras funciones dentro de la empresa, incorporarse a determinados puestos en las administraciones públicas o acceder a fórmulas de recolocación subvencionada.
Revisar los complementos a mínimos según la renta familiar
El estudio también analiza el fuerte crecimiento del gasto en complementos a mínimos de las pensiones. Según los datos aportados, ha pasado de 1.397 millones de euros en 2005 a 8.718 millones en 2025, lo que supone multiplicar por más de seis su coste en dos décadas.
Granado no cuestiona la cuantía del complemento, fijada en 9.442 euros anuales para 2026, sino los criterios utilizados para concederlo.
Actualmente se tienen en cuenta fundamentalmente las rentas individuales del pensionista. Esto permite, según explica, que una persona pueda acceder al complemento aunque conviva con un cónyuge con ingresos elevados si cumple determinadas condiciones económicas y patrimoniales.
Frente a este modelo, propone utilizar criterios similares a los empleados en otras prestaciones, como las pensiones no contributivas o el ingreso mínimo vital, en los que se analiza la situación económica de la unidad de convivencia.
El objetivo sería concentrar los recursos en los hogares con menores ingresos efectivos.
La incapacidad temporal alcanza un gasto récord
La incapacidad temporal constituye uno de los principales focos de atención del documento. El gasto asociado a las bajas laborales alcanzó los 18.413 millones de euros en 2025, equivalente al 10,4% de los ingresos por cotizaciones y el nivel más elevado registrado hasta ahora, según los datos recogidos por el autor.
Entre 2021 y 2025, este gasto aumentó en unos 6.000 millones de euros. Granado considera insuficiente atribuir este incremento únicamente a las dificultades del sistema sanitario y plantea seis líneas de actuación.
Entre ellas propone homogeneizar el porcentaje de las prestaciones derivadas de contingencias comunes y profesionales; permitir una mayor compatibilidad entre recuperación y reincorporación parcial al trabajo; reforzar la intervención de especialistas en las bajas prolongadas relacionadas con la salud mental; y establecer programas de rehabilitación obligatorios o concertados con las mutuas.
También plantea que las mutuas colaboradoras puedan tratar determinadas patologías musculoesqueléticas cuando las comunidades autónomas no dispongan de mecanismos suficientes de concertación, así como elevar las cotizaciones de aquellas empresas cuyos complementos salariales durante las bajas puedan contribuir a incrementar de forma descontrolada el gasto.
Otra de las propuestas consiste en extender a las enfermedades comunes las políticas de recolocación que ya se aplican en determinados supuestos de incapacidad profesional.
Reformas graduales y negociadas
Granado defiende que las modificaciones deberían implantarse de forma progresiva y mediante acuerdos en el marco del diálogo social.
El exsecretario de Estado sostiene que algunas actuaciones concretas pueden tener un impacto relevante sin necesidad de acometer grandes transformaciones legislativas.
Como ejemplo recuerda una medida aplicada durante su etapa al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad Social: la introducción de un control médico obligatorio para las bajas de larga duración a partir del primer año. Según explica, en los doce meses posteriores a su implantación se redujo aproximadamente a la mitad el número de procesos que continuaban abiertos.
El autor utiliza esta experiencia para defender que reformas específicas, dirigidas a problemas concretos y correctamente ejecutadas, pueden contribuir a mejorar tanto la sostenibilidad como la equidad del sistema de Seguridad Social.
