El Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 contiene una modificación sustancial del tratamiento fiscal de la previsión social que, de aprobarse, afectará negativamente al conjunto de la ciudadanía española. La propuesta legislativa elaborada por el Gobierno rebaja de 8.000 euros a 2.000 euros los límites de aportación a sistemas de previsión social individuales, al tiempo que eleva de 8.000 euros a 10.000 euros el límite para los sistemas de empleo. Ante esta situación cabe preguntarse: ¿perjudican los Presupuestos Generales del Estado la previsión social complementaria en nuestro país?
A esta pregunta, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO; y la Asociación Empresarial del Seguro, UNESPA, responden que sí. Alegan que hoy hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi 1 millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados con carácter directo e inmediato por la medida.
INVERCO y UNESPA, asociaciones representativas de la previsión social complementaria, manifiestan su disconformidad con esta propuesta por varias razones. Señalan que establecer diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social, relegando a los sistemas individuales que tendrían un límite notoriamente inferior, es discriminatorio para la gran mayoría de la población ocupada española.
Además, consideran que la limitación anual de aportaciones a sistemas de previsión social carece de sentido en situaciones de crisis como la actual en la que muchos trabajadores han visto reducidos significativamente sus ingresos por estar en un ERTE o por un cierre temporal de su negocio. Y señalan que los limites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social deberían suprimirse en lugar de minorarse y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, de tal forma que se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador durante su trayectoria sociolaboral.
En España existe un significativo déficit de ahorro para la jubilación en comparación con otros países. Estas instituciones aseguran que este desajuste no puede dejarse exclusivamente a cargo de las empresas. Hace falta que los trabajadores, a título particular, tomen conciencia de la necesidad de ahorrar para su jubilación.
Y, desde el punto de vista de la Hacienda Pública, la fiscalidad de los sistemas de previsión social supone un mero diferimiento de la tributación. Es decir, su tratamiento fiscal no genera beneficios. La reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las aportaciones se compensa más adelante con la tributación como rendimiento de trabajo de las prestaciones.
INVERCO y UNESPA concluyen que la reducción de los límites de aportación que se pretende aplicar a los sistemas de previsión social no va a conseguir los efectos deseados. En cambio, las medidas contempladas en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado sí van a perjudicar el desarrollo de la previsión social complementaria en España, con el consiguiente perjuicio para el conjunto de la sociedad y la economía nacional.
