Más allá de la amenaza que representa el hecho de vivir en tiempos de pandemia, en los que se imponen nuevas condiciones y limitaciones, se generan una serie de circunstancias que incrementan la incertidumbre en nuestras vidas. Esta situación, modifica los esquemas y patrones establecidos, afectando negativamente al aparato productivo, e impactando en la economía.
En este escenario, es imperativo revisar y evaluar los sistemas existentes y en particular los correspondientes al sector laboral, que requieren adaptarse rápidamente a esta realidad. Al variar las condiciones de empleo, contratación, y de sueldos y salarios, se genera una gran incertidumbre que por su vinculación con el sistema de pensiones, preocupa al colectivo de jubilados y pensionistas.
Por este motivo, el futuro de la Seguridad Social, constituye un tema de relevante importancia, ya que las pensiones deben ser suficientes, justas, equitativas y sostenibles en el tiempo, para lo cual, se requiere actualizar sus condiciones y presentar soluciones innovadoras adaptadas a estas nuevas circunstancias.
Después de una vida dedicada al trabajo, es importante sentir que ese esfuerzo es justamente valorado y reconocido, recibiendo una justa compensación económica. En este sentido, es oportuno recordar que aun cuando por momentos la Seguridad Social española, parezca vulnerable, cuenta con una estructura, que incorpora mecanismos e instrumentos, que garantizan el cumplimiento de lo establecido en sus principios.
Uno de estos instrumentos, nació el 6 de abril de 1995, y fue aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados, bajo el nombre de, Pacto de Toledo, creado con la finalidad de adoptar una serie de medidas que permitiesen asegurar y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en España.
Por este motivo, y en atención a sus principios, el pasado 23 de octubre, del presente año, los portavoces de dicha Comisión, finalizaron el borrador en el que incluyen 20 recomendaciones, que se estima sirvan de apoyo para que el Gobierno realice las reformas correspondientes al sistema de pensiones.
El Pacto de Toledo, también sirvió de base en 1996, para lograr el consenso sobre las pensiones, entre el Gobierno y los principales sindicatos, impactando así en el Sistema de la Seguridad Social, motivo por el cual en 1997, con el compromiso de todas las fuerzas, se convierte en la Ley para la Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social. Publicado en: BOE, núm. 169, en fecha 16 de julio de 1997. Con esta ley, se estableció la revalorización para el cálculo de las pensiones, de acuerdo al índice de precios al consumo, IPC, y se aumentó la base reguladora para el cálculo de las mismas, de ocho a 15 años.
En 1999, se creó una Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos alcanzados en dicho Pacto. Esta comisión se reúne cada cinco años, con la finalidad de revisar los resultados y proponer recomendaciones para el mantenimiento y mejora del sistema.
Posteriormente, en el año 2000, se crea el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también conocido como hucha de las pensiones, con la finalidad de asegurar el financiamiento requerido, estableciendo la separación y clarificación de las fuentes de financiación, a través de un sistema mixto que se nutre de distintos medios para la obtención de los recursos necesarios que le permitan cumplir con sus obligaciones.
En este sentido, las pensiones contributivas se financiarían con las aportaciones del trabajador y de la empresa, a la Seguridad Social, mientras que las pensiones no contributivas, correspondientes a sanidad y servicios sociales, se financiarían a través de los Presupuestos Generales del Estado.
En el borrador correspondiente a este año 2020, se propone que la financiación, de estos gastos no contributivos, la realice el Gobierno a través de los impuestos y se establece el año 2023, como fecha tope para la culminación de dicho saneamiento.
Es importante destacar que entre las propuestas de recomendaciones presentadas para este año, la única que se mantiene de las acordadas en la legislatura anterior, es la correspondiente a la revalorización automática de las pensiones, en función a la evolución del IPC, para garantizar que los pensionistas puedan mantener su poder adquisitivo. En este sentido, el Gobierno estima incluir en la ley a partir del próximo mes de enero de 2021, el indicador permanente de revalorización de las pensiones vinculado a la inflación.
Mientras que en el acuerdo presentado en 1995, se establecía la edad de jubilación a los 65 años, en esta ocasión se abordan las reformas paramétricas realizadas en el año 2011, que prolongan la edad legal de jubilación hasta los 67 años, lo cual se incorporará progresivamente hasta el año 2027, aumentando la base de cotización considerada para calcular la cuantía de la pensión, de 15 a 25 años.
Así proponen para dicho cálculo, escoger los mejores 25 años de cotización, con el fin de cubrir los posibles déficits que los trabajadores tengan en sus últimos años de vida laboral, lo cual supone un mayor gasto público.
Para compensar este incremento en el gasto, estiman generar un sistema sostenible y sustentable a largo plazo, basado en el aumento de la expectativa y calidad de vida. Otro aspecto que constituye motivo de preocupación, y que se ha agudizado con esta pandemia, es el referido a las penalizaciones por las jubilaciones anticipadas forzosas, que afectan a aquellos trabajadores quienes luego de haber cotizado durante muchos años y haber perdido sus puestos de trabajo en el tramo final de su vida laboral, ven recortadas sus retribuciones al solicitar sus jubilaciones. Por tal motivo, han pedido a los representantes del Pacto de Toledo, la eliminación de los coeficientes reductores, para aquellos trabajadores con más de cuarenta años de trayectoria.
La crisis creada por esta pandemia nos deja muchas lecciones y aprendizajes que corresponde a nosotros convertir en oportunidades, para crear y reforzar las estructuras económicas en las que el sistema de la Seguridad Social constituye uno de los pilares fundamentales. Por este motivo, el futuro luce prometedor al ver que todos los esfuerzos se están orientando hacia la revisión y ajustes necesarios, tomando como premisa que el capital humano constituye el principal activo y motor para generar mayor productividad.
Las pensiones del futuro nos ofrecen un panorama prometedor garantizando su revalorización, a través de la creación de otros instrumentos y mecanismos con los que se espera reducir la incertidumbre y generar mayor confianza.
Nancy América Pérez Barreiro.
