- Sensibilizar sobre la importancia de la inclusión digital de las personas mayores, abordando al mismo tiempo los estereotipos, prejuicios y discriminación asociados a la digitalización, teniendo en cuenta las normas socioculturales y el derecho a la autonomía.
- Destacar las políticas para aprovechar las tecnologías digitales que nos llevarán a lograr plenamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- Atender los intereses públicos y privados en las áreas de disponibilidad, conectividad, diseño, asequibilidad, creación de capacidades, infraestructura e innovación.
- Estudiar la función de las políticas y los marcos jurídicos para garantizar la privacidad y la seguridad de las personas de edad en el mundo digital.
- Poner de relieve la necesidad de un instrumento jurídicamente vinculante sobre los derechos de las y de un enfoque intersectorial de derechos humanos centrado en la persona para una sociedad para todas las edades.
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), con motivo de esta celebración, manifiesta que la edad no es una barrera en la vida y que no debe existir una obligatoriedad de jubilarse a una edad determinada. En este sentido, entiende que el Gobierno adopte una serie de propuestas de medidas para modificar el Sistema de las Pensiones, que, sin duda alguna, no deberán perjudicar seriamente a este grupo poblacional ya que “para conseguir un fin, no vale cualquier medio”.
Asimismo, Ceoma entiende que las empresas privadas tienen que plantearse que “la edad no es un inconveniente y menos una barrera laboral”. El beneficio de mantener a las personas mayores -50 años en adelante- en el ámbito laboral y retrasar la jubilación “voluntariamente” es triple: permite a estos trabajadores mantener su nivel de ingresos, beneficia al sistema de pensiones -al seguir éstos cotizando y no abonarlas al aplazarse la jubilación- y aporta experiencia al mercado laboral, ¡Todos ganan!
En España existen más de 9 millones de personas mayores de 65 años, cifra que representa un 19.8% de la población y se espera que en 2050 esta proporción se eleve a un 30 %. Con esta estimación, España se convertirá en el segundo país más envejecido del mundo. Ceoma considera que a partir del año 2022, la nueva generación de personas mayores que dentro de poco van a empezar a entrar en el sistema de pensiones, son personas más longevas, con nuevas inquietudes y en muchos casos, con una mayor preparación.
En este sentido, se deben dar nuevas oportunidades para disponer de un entorno social favorable, fomentar un envejecimiento activo y saludable con una especial atención en el sistema de salud, nuevas oportunidades económicas, nuevos patrones de consumo adaptados a sus necesidades, así como una transformación digital para todos, con especial atención en los ámbitos rurales, disminuir la brecha digital y el sentimiento de soledad no deseada, entre otras necesidades.
Desde CEOMA consideramos fundamental que las empresas intervengan de manera activa y para la nueva sociedad que estamos creando, las personas mayores son determinantes en la economía del país. Por ello, las empresas deben poner especial atención a las necesidades y prioridades de las personas mayores en las formas de comunicarse con ellos.
Grandes Amigos, Fundación Pilares para la autonomía personal, Envejecimiento en Red, HelpAge España y Matia Fundazioa se unen para dar visibilidad y denunciar la desigualdad y la discriminación que existe hacia las personas mayores. Por quinto año consecutivo, esta campaña quiere recordar que nuestra dignidad y derechos no disminuyen con el paso de los años y que la edad no puede medir el valor de ninguna vida.
Tras más de un año y medio de pandemia, en la que ha sido más evidente que nunca el edadismo sistémico que existe a nivel global, las organizaciones que promueven la campaña #SoyMayorSoyComoTú señalan la necesidad de identificar nuestro propio edadismo y cambiar la visión colectiva del envejecimiento. Según el primer Informe Mundial sobre el Edadismo publicado por la Organización Mundial de la Salud este año, una de cada dos personas son edadistas hacia las personas mayores. Sin embargo, pocas personas saben qué es el edadismo o son capaces de identificarlo. El edadismo se puede manifestar de múltiples formas, que pueden ir desde el lenguaje despectivo y peyorativo, hasta vulneraciones muy graves de los derechos y la dignidad. Todo ello tiene un gran impacto en la vida y los derechos de las mujeres y los hombres mayores. De hecho, el edadismo se asocia, entre otras cosas, con una esperanza de vida, una salud física y mental más deficiente, una recuperación más lenta de la discapacidad y un mayor deterioro cognitivo. Además, el edadismo incrementa la soledad y el aislamiento social de las personas mayores y puede aumentar su riesgo de sufrir situaciones de violencia y abuso.
Por ello, a través de esta campaña, las organizaciones invitan a la población a reflexionar sobre sus propios prejuicios y creencias a través de una calculadora de edadismo y una serie de vídeos y testimonios en los que las personas mayores hablan de cómo están viviendo su proceso de envejecimiento.
Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclama recursos económicos y humanos “adecuados” que hagan viable y efectiva la puesta en marcha de reformas legislativas relacionadas con mayores y discapacidad. Desde la entidad han elaborado un manifiesto con las principales reivindicaciones en relación a las personas con discapacidad mayores. Y es que, tal y como han asegurado desde el CERMI, en su caso, la discapacidad, ya sea sobrevenida o no, constituye un “factor adicional que reclama más y mayor protección social y un cumplimiento más estricto y exquisito de sus escasos derechos existentes”.
En relación a las reformas, según el CERMI, la pandemia ocasionada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la endeblez de muchas de las legislaciones y sistemas de protección que amparan a las personas mayores. Por esto, exigen de los diferentes actores sociales una “reflexión y compromiso ético y moral” que garanticen “que no se repiten los hechos ocurridos durante las peores fases de la pandemia”, en las que la discriminación ejercida sobre las personas por razón de edad o discapacidad ha tenido “consecuencias letales en muchos casos”. En este sentido, también piden que les aseguren una atención sanitaria en igualdad de condiciones a las del resto y que se enfoquen los recursos hacia la ‘atención centrada en la persona’ que parte del respeto pleno a su dignidad y derechos, a sus intereses y preferencias y cuenta con su participación efectiva.
La principal reclamación de la Unión de Pensionistas y Jubilados de España, UDP, se centra en la detección y actuación frente a los malos tratos hacia los mayores. Con ese motivo ha organizado la XLVI Jornada sobre prevención y sensibilización de los malos tratos y abusos a personas mayores, en la que se ha destacado la importancia de la perspectiva de género como pilar fundamental a la hora de desarrollar los protocolos de actuación y prevención de los malos tratos y abusos a personas mayores. También se ha puesto de manifiesto la necesidad de implementar una Ley estatal que ponga la protección de las personas mayores en el centro, un ordenamiento jurídico que permita y facilite la plena participación activa y autónoma de las personas mayores en los procesos judiciales. Así como impulsar desde España, la creación de una Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas mayores.
La crisis mundial por la COVID-19 ha aumentado el abuso y el abandono de las personas de edad en todo el mundo. Antes de la pandemia, se estimaba que una de cada seis personas de edad avanzada era objeto de abuso. España tiene un modelo “familiarista” de cuidados en el que la responsabilidad de la atención descansa en las familias (en el 90% sobre las espaldas de las mujeres, cuidadoras principales: madres, hijas, esposas, nueras…) o en un sector muy precarizado, informal, invisibilizado y feminizado como es el empleo de hogar. Es de señalar, como evidencia de la gestión de los cuidados de larga duración y atención a la dependencia, que Italia y España concentran el 61,5% de todas las trabajadoras del hogar de toda la Unión Europea.
