La protección de los derechos de las personas mayores sigue siendo insuficiente en varios sistemas regionales.
La protección de los derechos de las personas mayores sigue siendo una asignatura pendiente en buena parte del mundo. Así lo advirtieron expertos y representantes institucionales durante una jornada celebrada en Madrid, en la que reclamaron reforzar los mecanismos jurídicos existentes y avanzar hacia una convención internacional específica que garantice estos derechos.
El encuentro, organizado por la Fundación HelpAge International España en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, reunió a especialistas de Europa, África y América Latina para analizar el estado de la cuestión desde una perspectiva comparada. La conclusión fue clara: pese a los avances normativos, persiste una brecha significativa entre el reconocimiento formal de derechos y su aplicación efectiva.
Déficits comunes y retos globales
Durante más de tres horas de debate, los participantes coincidieron en que los sistemas regionales presentan carencias estructurales similares. Entre ellas, la falta de instrumentos internacionales vinculantes específicos, el incumplimiento de marcos ya existentes y la escasa participación real de las personas mayores en las decisiones que les afectan.
El catedrático Rafael de Asís subrayó la necesidad de un enfoque centrado en la persona: “Las personas mayores son sujetos autónomos, con derecho a decidir cómo y con quién vivir, y también titulares del derecho al cuidado”. Además, alertó de una “doble crisis” del sistema de derechos humanos, tanto institucional como de enfoque.
Desde el ámbito europeo, Carmen Salcedo Beltrán, miembro del Comité Europeo de Derechos Sociales, destacó que no todos los países han ratificado el artículo 23 de la Carta Social Europea, clave para la protección social de las personas mayores, y advirtió de incumplimientos “graves y reiterados” incluso en Estados que sí lo han hecho.
En el caso africano, Lefhoko Kesamang, representante de la Unión Africana, señaló avances como la adopción del protocolo regional sobre derechos de las personas mayores, aunque advirtió de problemas estructurales persistentes como la pobreza extrema, la falta de acceso a servicios básicos y situaciones de abuso, especialmente hacia mujeres mayores.
Por su parte, Aída Díaz-Tendero destacó que América Latina ha logrado una mayor cohesión normativa tras la aprobación de la Convención Interamericana en 2015, aunque todavía existen retos importantes, como la protección en residencias, los derechos de propiedad o la atención a la diversidad en el envejecimiento.
Llamamiento a una convención internacional
La jornada concluyó con un consenso amplio: es necesario avanzar hacia una Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores que permita homogeneizar estándares y reforzar su protección a nivel global.
Además, los expertos subrayaron la urgencia de abordar desafíos como la discriminación interseccional -especialmente en mujeres mayores- y la brecha digital, factores que limitan el ejercicio pleno de derechos.
En un contexto de envejecimiento progresivo de la población mundial, los participantes coincidieron en que garantizar los derechos de las personas mayores no es solo una cuestión de justicia, sino una prioridad ineludible para las políticas públicas del presente y del futuro.
