Castilla y León refuerza sus políticas sociales durante la crisis sanitaria

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María Isabel Blanco Llamas, consejera de Familia e Igualdad de oportunidades de Castilla y León.

Castilla y León ha reforzado sus políticas sociales durante esta crisis sanitaria con más de medio centenar de medidas. Así lo explicó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, María Isabel Blanco, en su comparecencia ante las Cortes regionales. Marco en el que explicó que en 832 centros de personas mayores, de discapacidad y viviendas tuteladas, de los 1.214 monitorizados y con seguimiento diario, no se ha producido ningún caso por COVID-19, lo que supone que el 73% de los centros, públicos o privados, grandes o pequeños, han estado “limpios” durante esta pandemia y no han tenido ningún fallecimiento por COVID. De la misma manera, Blanco tuvo un recuerdo para las personas fallecidas y sus familias y destacó que en estos momentos, 692 residentes permanecen ingresados en hospitales y que 1.006 residentes han superado la infección.

La consejera explicó que la atención de las personas mayores ha sido una prioridad para el ejecutivo. Desde el inicio de la pandemia originada por el coronavirus, se ha realizado un seguimiento diario de 1.214 centros residenciales de personas mayores (públicos y privados), de discapacidad y viviendas tuteladas de la Comunidad. De este seguimiento se confirma que  a 28 de abril, 832 centros están totalmente limpios, lo que supone el 73% del total; 98 con niveles muy bajos de afectación (menos del 10%); 67 con 10-30% de usuarios confirmados o con síntomas; 102 con 30-60%; y 41 con más del 60%.

Se han proporcionado Equipos de Protección Individual (EPIs) a todas las residencias que los han necesitado, a medida que se ha ido disponiendo de los mismos; se han distribuido más de dos millones y medio de mascarillas y se han facilitado todos los medios posibles para que los centros puedan contratar personal, por diferentes vías. Además, se han realizado limpiezas y desinfecciones de los centros por parte de la UME, bomberos, protección civil o empresas especializadas.

Las circunstancias ocasionadas por esta pandemia han puesto de manifiesto, la necesidad de adoptar medidas que garanticen la correcta atención de nuestros mayores. Para ello, se creará un grupo de trabajo para la realización de una Ley de Atención Residencial en la que entre otros aspectos, se exigirá un mínimo acopio de equipos de protección, una mayor exigencia de formación y preparación del personal directivo, se implantará también una herramienta informática que permita conocer en tiempo real los usuarios de los centros y sus características en cuanto a su autonomía personal, el personal de que dispone cada centro tanto en número como de perfiles profesionales y sus incidencias. Esto permitirá conocer la situación de cada centro de manera instantánea e incrementar en caso necesario, el número de inspecciones. En la línea que proponen los expertos se seguirá desarrollando el modelo de las Unidades de Convivencia, así como el uso individual de habitaciones como estrategia, no solo para mejorar el bienestar de las personas, sino también para evitar la propagación de los contagios

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