Castilla y León prepara la Ley de Atención Residencial

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha dado a conocer que la región prepara la Ley de Atención Residencial. Ya se ha producido la primera reunión para establecer la metodología de los grupos de trabajo para la elaboración de la Ley. Para ello, se cuenta con una amplia participación de todos los sectores que han solicitado formar parte de dichos grupos y en los que están representados entre otros, la Consejería de Sanidad, la Gerencia de Servicios Sociales, los sindicatos, la patronal, las asociaciones de personas mayores o con dependencia, los colegios profesionales y grupos políticos además de expertos relacionados con la gerontología y la atención residencial.

Durante el mes de julio se celebrarán cuatro grupos de trabajo en los que profesionales de diversos ámbitos abordarán aspectos fundamentales para la atención de nuestros mayores: Perspectiva ética, Perspectiva laboral, Perspectiva de diversas entidades, y Perspectiva de los Colegios Profesionales. Reuniones que servirán para bbordar aspectos relacionados con el ámbito laboral, la visión de entidades del Tercer Sector y colegios profesionales, la atención centrada en la persona, las unidades de convivencia y seguridad, la atención sanitaria, la evaluación de los distintos modelos en España y otros países, así como la perspectiva política, de los propios destinatarios y también ética, que incluirá el análisis de la eliminación de sujeciones en el ámbito residencial.

En los centros residenciales de Castilla y León viven casi 50.000 personas de manera permanente, una cifra que tiende a incrementarse debido al envejecimiento de la población, la mayor esperanza de vida y a la menor disponibilidad de apoyo informal. Precisamente, debido al aumento de la demanda en el cuidado de nuestros mayores y a que gran parte del bienestar de las personas que residen en los centros depende de la atención que reciben, la Junta considera necesaria la elaboración de una Ley de Atención Residencial que garantice los derechos de las personas que viven en dichos centros y que defina el modelo de atención que mejor preserve su dignidad y calidad de vida.