Invertir en cuidados: una oportunidad social y económica para España.
El informe El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España, presentado por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), concluye que reforzar los cuidados de larga duración no solo es una necesidad social ante el envejecimiento de la población, sino también una inversión estratégica con impacto directo en el empleo, el crecimiento económico y la cohesión social.
La investigación plantea que el Derecho al Cuidado debe consolidarse como un derecho social efectivo y que los cuidados de larga duración deben convertirse en el cuarto pilar del Estado del bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensiones.
Una brecha de cuidados todavía muy elevada
Aunque el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha registrado avances importantes en los últimos años, el estudio advierte de que persisten carencias estructurales que limitan el acceso efectivo a los cuidados.
Entre 2017 y 2025, las prestaciones del sistema se duplicaron y el denominado “limbo de la dependencia” —personas con derecho reconocido pero sin atención efectiva— se redujo en más de un 70%. A cierre de 2025, el SAAD atendía ya a 1,61 millones de personas.
Sin embargo, el informe señala que:
- El tiempo medio de acceso al sistema sigue cerca de un año, por encima del plazo legal.
- El 72,4 % de las personas mayores de 65 años con limitaciones en su vida diaria no recibe atención efectiva del SAAD.
- Entre quienes presentan limitaciones severas, la brecha de cuidados alcanza el 63,1 %.
- El 28 % de las personas atendidas considera insuficientes los apoyos recibidos.
El estudio también destaca que gran parte de los cuidados continúan recayendo sobre las familias, especialmente sobre las mujeres, mediante trabajo informal no remunerado cuyo valor económico equivale aproximadamente al 4% del PIB.
La inversión en dependencia genera retorno económico
Uno de los principales mensajes del informe es que la inversión en cuidados no debe entenderse únicamente como gasto público, sino como una política con capacidad de generar actividad económica y empleo.
Según las estimaciones del estudio:
- En 2023, los 10.623 millones de euros destinados a prestaciones de dependencia generaron un impacto total de 17.260 millones de euros sobre el PIB.
- Cada euro invertido produjo alrededor de 1,6 euros de impacto económico.
- Cerca de la mitad del gasto retornó a las administraciones públicas mediante impuestos y cotizaciones sociales.
Además, la economía de los cuidados ya representa un sector de gran relevancia laboral en España, con cerca de 1,3 millones de empleos, aunque el informe alerta de que sigue siendo un ámbito marcado por la temporalidad, la parcialidad y salarios inferiores a la media.
Una hoja de ruta para 2030
El estudio concluye que mantener el nivel actual de inversión será insuficiente para responder al envejecimiento de la población y reducir la brecha de cuidados.
Por ello, propone aumentar la inversión pública en el SAAD en torno a 0,6 puntos del PIB de aquí a 2030. Según las estimaciones, este refuerzo podría:
- Crear cerca de 430.000 nuevos empleos.
- Incrementar los ingresos públicos en torno a 0,30 puntos del PIB.
- Mejorar la cobertura y reducir las desigualdades territoriales.
La investigación apuesta por un modelo basado en:
- Mayor financiación pública sostenida.
- Refuerzo de la atención domiciliaria y comunitaria.
- Profesionalización del sector.
- Coordinación entre administraciones.
- Estándares comunes en todo el territorio.
- Atención centrada en la persona y adaptada a cada proyecto de vida.
El informe sostiene que España afronta el reto de adaptar su sistema de bienestar a una sociedad cada vez más envejecida y longeva. En ese contexto, garantizar el Derecho al Cuidado se plantea no solo como una cuestión de protección social, sino como un proyecto de país capaz de generar bienestar, empleo y desarrollo económico sostenible.
