Las nuevas tarifas de suministro eléctrico, la subida de la luz, afecta de forma directa a aquellas personas que sufren una enfermedad crónica. Así lo ha denunciado la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP). La entidad ha alertado de que la nueva factura de la luz no tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad y fragilidad generada por la enfermedad de los pacientes crónicos.
A su juicio, el hecho de que la franja horaria más barata sea de madrugada resulta “contraproducente” para estos pacientes que necesitan tener conectados sus dispositivos médicos y poder así mantener una calidad de vida “digna”, independientemente del horario establecido como “más barato”.
Así lo ha manifestado la presidenta de la POP, Carina Escobar, quien considera que los pacientes y sus familias vuelven una vez más a ser invisibles para las administraciones públicas.
En este sentido, Escobar ha defendido que la salud debe abordarse de una manera transversal, no solo desde el ministerio de Sanidad, sino teniendo en cuenta todos los ámbitos que pueden afectar a los pacientes, como, por ejemplo, el social, el laboral o el económico, “porque sólo así se podrá dar a las personas con enfermedades la atención que merecen”.
Desde la POP también han alertado de que este aumento en la factura de la luz agravará aún más las situaciones de pobreza energética, que ya viven gran parte de los pacientes crónicos, y ha asegurado que es “inaceptable” que los consumidores tengan que ver cómo se incrementa su factura por atender su salud.
Además, ha apuntado que, aunque existen algunas medidas como el bono social o la definición de consumidor vulnerable, hay muchos pacientes que no tienen reconocida la condición discapacidad o de dependencia y que, por tanto, no pueden verse beneficiados por estas ayudas ni acceder a la protección social que merecen.
En relación a esto, desde la POP han reclamado al Gobierno que se reconozca la situación de cronicidad porque las propias enfermedades generan situaciones “críticas”, no solo económicas, sino también sociales y, por lo tanto, deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar cualquier política pública, prestación o ayuda.
