¿Son sostenibles las pensiones? Fedea advierte del creciente desequilibrio financiero del sistema.
Un análisis de Santiago Calvo cuestiona que el aumento del empleo, la recuperación de la hucha de las pensiones y el cumplimiento de las reglas fiscales sean suficientes para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. El envejecimiento de la población y la jubilación de la generación del baby boom plantean nuevos desafíos para las cuentas públicas.
La sostenibilidad del sistema público de pensiones vuelve a situarse en el centro del debate económico y político ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Mientras el Gobierno defiende la solidez del modelo actual, apoyándose en las reformas aprobadas, la creación de empleo y el crecimiento del Fondo de Reserva, diversos análisis económicos advierten de la necesidad de abordar sus desequilibrios financieros.
En este contexto, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) presenta un análisis elaborado por Santiago Calvo, de la Universidad de las Hespérides, que examina las cuentas de la Seguridad Social, la evolución de las cotizaciones y el gasto en pensiones, así como las perspectivas demográficas de las próximas décadas.
La principal conclusión del autor es que el sistema puede seguir abonando las pensiones mientras el Estado aporte los recursos necesarios para cubrir su déficit, pero esto no significa que su financiación esté garantizada a largo plazo sin nuevos ajustes.
Según el estudio, el desequilibrio contributivo se aproxima al 4 % del producto interior bruto (PIB), a pesar de los máximos históricos alcanzados por el empleo y la afiliación a la Seguridad Social.
La hucha de las pensiones crece, pero también lo hace la deuda
Uno de los argumentos utilizados para defender la fortaleza del sistema es la recuperación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido popularmente como la hucha de las pensiones.
Después de alcanzar un máximo de 66.815 millones de euros en 2011, el fondo se fue reduciendo hasta situarse ligeramente por encima de los 2.000 millones en 2019, como consecuencia de su utilización para financiar prestaciones.
Desde 2023 ha recuperado su crecimiento gracias al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional destinada a reforzar los recursos del sistema. A finales de marzo de 2026, el Fondo de Reserva acumulaba 15.267 millones de euros y las previsiones apuntan a que podría cerrar el año con unos 20.000 millones.
Sin embargo, Fedea señala que este aumento del ahorro convive con un fuerte crecimiento de la deuda de la Seguridad Social con el Estado, que alcanzó aproximadamente los 136.000 millones de euros corrientes en 2025.
Para el autor, esta circunstancia obliga a interpretar con cautela la recuperación de la hucha, ya que el sistema continúa necesitando financiación pública adicional para cubrir sus compromisos.
Las cotizaciones no crecen al mismo ritmo que el gasto
El análisis también pone el foco en la diferencia entre los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales y el coste de las prestaciones.
Entre 2007 y 2025, las cotizaciones contributivas aumentaron un 29 % en términos reales, mientras que el gasto en pensiones contributivas creció un 82 %.
Aunque el déficit presupuestario de la Seguridad Social Ampliada se situó en torno al 0,5 % del PIB en 2025, el estudio explica que este resultado depende en gran medida de las transferencias realizadas por el Estado.
Al descontar estas aportaciones, el déficit contributivo se eleva hasta el 3,8 % del PIB, según los cálculos de Fedea.
El informe recuerda que financiar una parte de las pensiones mediante transferencias presupuestarias permite mantener el pago de las prestaciones, pero no elimina el coste que debe asumir el conjunto de las administraciones públicas.
El récord de empleo no resuelve el desequilibrio
España ha registrado un importante crecimiento del empleo durante los últimos años. Según los datos recogidos en el análisis, el número de ocupados pasó de 19,24 millones en el primer trimestre de 2021 a 22,78 millones en el segundo trimestre de 2026.
Sin embargo, este incremento no ha sido suficiente para compensar el crecimiento del gasto contributivo, que continúa superando el de los ingresos.
Fedea también analiza la relación entre cotizantes y pensionistas, uno de los indicadores habituales para evaluar la capacidad de financiación del sistema.
Mientras el Ministerio de Inclusión utiliza una ratio de 2,51 cotizantes por pensionista, el autor obtiene una relación de 2,35 al comparar directamente las afiliaciones medias y el número de pensionistas, sin incorporar otras cotizaciones.
Estas diferencias responden a los criterios empleados para realizar el cálculo, lo que pone de manifiesto la importancia de utilizar indicadores transparentes y comparables.

El envejecimiento, uno de los grandes desafíos
La evolución demográfica constituye otro de los factores decisivos para el futuro de las pensiones.
España cuenta con una población cada vez más longeva y afronta la jubilación progresiva de las generaciones nacidas durante el baby boom, lo que incrementará el número de personas que reciben prestaciones.
En 1975 había casi seis personas de entre 16 y 64 años por cada mayor de 64. Actualmente, esa proporción se ha reducido a 3,15 y, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), podría situarse en 1,93 en 2050.
Este cambio tendrá consecuencias directas sobre la relación entre población potencialmente activa y personas jubiladas.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el gasto en pensiones podría pasar del 13 % del PIB en 2025 al 16,4 % en 2050, lo que supondría un incremento considerable de los recursos necesarios para sostener el sistema.
Cumplir las reglas de gasto no garantiza la sostenibilidad
El estudio aborda también las conclusiones de la AIReF sobre el cumplimiento de la regla de gasto establecida en la reforma de pensiones de 2023.
El organismo ha confirmado que el gasto neto en pensiones se sitúa en el 13 % del PIB en promedio para el periodo analizado hasta 2050, por debajo del límite legal del 13,3 %.
Sin embargo, la propia AIReF advierte de que cumplir este indicador no garantiza por sí solo la sostenibilidad de las cuentas públicas, ya que también deben tenerse en cuenta la evolución de los ingresos, la deuda y las necesidades de financiación de otras políticas.
De hecho, sus proyecciones contemplan que, si se mantienen las políticas actuales, la deuda pública podría alcanzar el 123 % del PIB en 2050.
Esta situación plantea la necesidad de analizar el futuro de las pensiones dentro del conjunto de las finanzas públicas, teniendo en cuenta también otras prioridades sociales, como la sanidad, la dependencia, la vivienda o la educación.
¿Qué cambios propone Fedea para reforzar el sistema?
El análisis elaborado por Santiago Calvo plantea distintas líneas de reforma para mejorar la sostenibilidad financiera y favorecer un reparto más equilibrado de los costes entre generaciones.
Entre ellas figura la posibilidad de avanzar hacia un sistema de cuentas nocionales, en el que las prestaciones mantengan una relación más directa con las aportaciones realizadas durante la vida laboral y se incorporen mecanismos de ajuste ante los cambios económicos y demográficos.
También propone desarrollar un sistema colectivo de ahorro complementario para la jubilación, mejorar la información que reciben los trabajadores sobre sus futuras pensiones y reforzar la transparencia de las cuentas de la Seguridad Social.
El autor defiende, además, la necesidad de incorporar la equidad intergeneracional como un criterio fundamental en cualquier reforma, con el objetivo de garantizar la protección de los actuales pensionistas sin trasladar cargas excesivas a las generaciones futuras.
Estas propuestas no implican necesariamente la privatización del sistema público, sino la revisión de algunos de sus mecanismos de financiación y funcionamiento.
El debate sobre la sostenibilidad de las pensiones adquiere especial importancia en una sociedad cada vez más envejecida, en la que estas prestaciones constituyen la principal fuente de ingresos para millones de personas mayores.
La recuperación del empleo, el incremento de las cotizaciones y la financiación procedente del Estado permiten mantener el funcionamiento actual del sistema. No obstante, las previsiones de mayor gasto y los cambios demográficos aconsejan seguir evaluando sus necesidades financieras.
El reto consiste en garantizar pensiones suficientes y estables para las personas jubiladas, al tiempo que se preserva la capacidad de financiar otros servicios públicos y se mantiene un reparto equilibrado de responsabilidades entre generaciones.
Una cuestión que, más allá del debate electoral, exige planificación a largo plazo, información rigurosa y acuerdos capaces de dar seguridad tanto a quienes ya cobran una pensión como a quienes se jubilarán en las próximas décadas.













