Esta Ley sobre Servicios Sociales nace a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y es, como ha referido la ministra Ione Belarra, la respuesta al compromiso que se adquirió en el acuerdo de coalición del Gobierno, aunque también ha señalado que el texto debe aún recibir un segundo visto bueno del Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria.
La Ley nace con el objetivo de consolidar el cuarto pilar del Estado de Bienestar en nuestro país y fomentar la igualdad de los ciudadanos, independientemente del lugar en el que vivan. Porque, una de las novedades que incorpora la normativa es la posibilidad de movilidad territorial, evitando la exclusión que pudiera producirse en el acceso a algunas prestaciones de los servicios sociales, en caso de trasladarse de un lugar a otro del Estado; o la eliminación del requisito del empadronamiento para acceder a estos servicios.
La nueva ley establece que las comunidades autónomas deberán acordar en el seno del Consejo Territorial, un mínimo común de servicios básicos para todo el territorio nacional, incluyendo las ratios de profesionales, con el objetivo de fomentar la igualdad en el territorio. Además, los usuarios tendrán derecho a contar con un profesional de referencia que les oriente y a tener una historia social única en formato digital, es decir, un expediente con todos los datos, diagnóstico y apoyos recibidos.
Según el Ministerio, uno de los aspectos más significativos de esta ley es que llega para reforzar una atención «más personalizada, más integral e inclusiva, reduciendo las barreras de acceso» a la protección social y sentando las bases de un nuevo modelo de servicios sociales, alejado de un enfoque asistencialista y centrado únicamente en la emergencia.
También busca modernizar los servicios y terminar con los «laberintos burocráticos» que dificultan el acceso a estos derechos, y establece un plazo para la creación de una regulación específica para las ayudas económicas de emergencia social en el marco de la Ley de Subvenciones, de modo que estas ayudas puedan dar respuesta ágil a las situaciones de mayor necesidad a las que se enfrentan personas y familias en riesgo de exclusión social.
Según ha puntualizado la ministra, se trata de «un anteproyecto que consolidará en la legislación el proceso de la modernización de los servicios sociales que cuenta con una inversión de los fondos europeos, de 875 millones de euros entre 2021 y 2023″.
La ministra confía en que este anteproyecto llegue en segunda vuelta al Consejo de Ministros y que, posteriormente, en su tramitación parlamentaria, cuente con los suficientes apoyos.
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