Los mayores siguen reclamando una protección integral

Las personas mayores siguen reclamando una protrección integral en nuestro país y en el resto del mundo. Urge, por tanto la creación de una convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de los mayores.

La Mesa Estatal a favor de los derechos de las personas mayores sigue reclamando la creación de una convención internacional de Naciones Unidas que se dedique a defender sus derechos porque, como aseguran desde la entidad, siguen sufriendo una desprotección estructural en varias aspectos. Se trata de una petición a la que se suman entidades sociales de todo el mundo, ya que hoy el marco jurídico internacional carece de una herramienta específica que porteja a los mayores de forma integral.

En el contexto global actual, en el que la longevidad plantea nuevos retos sociales, es necesario garantizar y reconocer los derechos de los mayores. Este colectivo hoy debe hacer frente a diferentes obstáculos en este sentido, como a la discriminación laboral y el aislamiento social. También sufre un acceso desigual a los servicios de salud, desprotección en términos económicos y de dependencia, y falta de mecanismos específicos para garantizar sus derechos. Sin olvidar el maltrato doméstico y familiar.

¿Por qué es necesaria la convención?

La Mesa considera necesaria esta convención para poner en valor los derechos de las personas mayores, colocando sus necesidades en la agenda del desarrollo y la justicia social.

Considera que es necesario y urgente establecer un marco legal vinculante, crear herramientas jurídicas obligatorias «para que los gobiernos protejan los derechos de los mayores contra el edadismo institucional«. Y también empoderarles dándoles voz y visibilidad, reconociéndoles como sujetos activos y actores relevantes en la sociedad, reconociendo su derecho a participar en los asuntos públicos.

Además, es necesario actuar contra la discriminación y el edadismo para eliminar los estereotipos negativos ligados a la edad. Al mismo tiempo que debe garantizarse el acceso equitativo a los servicios y al empleo.

Y, por último, la Mesa urge a establecer mecanismos «de seguimiento y rendición de cuentas». Aboga por un tratado de derechos humanos que sea jurídicamente vinculante.