El Gobierno impulsa una reforma clave en el sistema de cuidados de larga duración con la creación de una nueva Comisión Interministerial, aprobada este martes en el Consejo de Ministros.
El objetivo de esta nueva Comisión es transformar el modelo actual y garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo, en un contexto de creciente demanda vinculada al envejecimiento de la población.
La iniciativa se formaliza a través de un Real Decreto que regula tanto la composición como las funciones de este nuevo órgano, llamado a coordinar la acción de distintos ministerios en una política pública considerada estratégica para el Estado del Bienestar.
El sistema de cuidados de larga duración es uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar en España. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ya establece un marco de gobernanza compartida entre administraciones, pero el Gobierno considera necesario reforzar su articulación.
Con esta medida, el Ejecutivo pretende avanzar hacia un sistema más sostenible, equitativo y centrado en las personas, garantizando el ejercicio efectivo de los derechos sociales en un contexto de transformación demográfica.
La comisión trabajará conforme a la Estrategia Estatal para un modelo de cuidados comunitario, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales. Este plan plantea un cambio de enfoque en la atención a la dependencia, con el objetivo de evitar la institucionalización forzosa de las personas y priorizar los cuidados personalizados en el entorno domiciliario.
El nuevo modelo apuesta por reforzar la autonomía personal y adaptar los servicios a las necesidades individuales, en línea con las tendencias europeas en materia de atención social.
Entre las principales tareas de la Comisión Interministerial destacan el análisis de los cambios estructurales necesarios en el sistema, así como la identificación de medidas que aseguren su viabilidad futura. También se encargará de evaluar el grado de alineación de las distintas políticas públicas con el nuevo modelo de cuidados.
Además, el organismo promoverá la innovación social y tecnológica en el sector, impulsando buenas prácticas y facilitando la colaboración entre administraciones y otros actores implicados. Otra de sus funciones será la elaboración de informes con perspectiva de género, con el fin de orientar la toma de decisiones en este ámbito.
Pese al peso de los cuidados de larga duración en el sistema de protección social, hasta ahora no existía una estructura formal de coordinación interministerial que abordara esta materia de forma integral. El Ejecutivo busca cubrir ese vacío con la nueva comisión, que permitirá un enfoque más coherente y transversal.
El impacto económico de estos cuidados, especialmente a medio y largo plazo, refuerza la necesidad de esta coordinación. La atención a la dependencia no solo implica políticas sociales, sino también sanitarias, laborales y presupuestarias.
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