La Fundación Notariado se une a la PMP para reclamar un marco jurídico claro para los pactos asistenciales y convivenciales.
Los pactos asistenciales, acuerdos que permiten a personas mayores compartir vivienda y apoyos para favorecer su autonomía, están cobrando cada vez más relevancia como respuesta a la soledad no deseada. Sin embargo, su desarrollo requiere un respaldo legal sólido que garantice su viabilidad y seguridad jurídica. Esta fue una de las principales conclusiones de la jornada “Soluciones asistenciales de convivencia ante una situación de soledad no deseada”, celebrada en Madrid, que ha sido organizada por la Plataforma de Mayores y Pensionistas, PMP, y la Fundación Notariado.
El encuentro reunió a expertos del ámbito jurídico, notarial y social, quienes coincidieron en la necesidad urgente de establecer un marco normativo que respalde estas fórmulas de convivencia, adaptadas a los nuevos retos demográficos y sociales.
La presidenta de la Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio del Olmo, señaló que el envejecimiento de la población plantea importantes desafíos jurídicos que deben abordarse con urgencia. “El derecho tiene que facilitar que las personas mayores vivan con autonomía y seguridad”, afirmó. Destacó que los notarios, gracias a su cercanía con la ciudadanía, están identificando nuevas formas de convivencia que emergen frente a la soledad, el abandono o la falta de recursos.
Barrio del Olmo subrayó que estos pactos ya existen en la práctica, pero que contar con una normativa específica contribuiría a impulsarlos y protegerlos. “El Notariado busca documentar este tipo de acuerdos como una vía eficaz para abordar la soledad no deseada y los problemas habitacionales, respetando el deseo mayoritario de envejecer en el propio domicilio”, concluyó.
Envejecimiento diverso y dignidad
Jesús Norberto Fernández, presidente de la PMP, recordó que las soluciones deben ser tan diversas como lo es el colectivo senior. “No se pueden aplicar recetas únicas a realidades múltiples”, advirtió. En este sentido, abogó por combatir el edadismo, potenciar alternativas residenciales centradas en el hogar y reforzar servicios como la asistencia domiciliaria o la teleasistencia.
También propuso consolidar los pactos asistenciales como complemento a las políticas del Estado del Bienestar, y pidió una colaboración estrecha entre notarios, servicios sociales y organizaciones de mayores para ofrecer orientación legal accesible y confiable.
Enfoque intergeneracional
Matilde Fernández, presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, apeló a recuperar y actualizar experiencias pasadas. “No partimos de cero. Existen antecedentes desde los años 90 que pueden inspirar soluciones actuales”, señaló. También reclamó incorporar una perspectiva intergeneracional en estas iniciativas y dar respaldo legal a fórmulas de convivencia ya existentes y exitosas.
Fernández animó al Notariado a seguir explorando enfoques transversales que combinen lo jurídico y lo social, y que recojan buenas prácticas ya implementadas.
Cristina Rodríguez-Porrero, presidenta de la Comisión de Longevidad Empoderada y Colaborativa de la PMP, enumeró los beneficios de los pactos de ayuda mutua: centrados en la persona, flexibles, sostenibles, promueven la autonomía y revitalizan el entorno social y urbano. Subrayó la importancia de reforzar la seguridad jurídica y de garantizar el acceso a la información para todas las personas mayores, incluidas aquellas con discapacidad o dificultades comunicativas.
La notaria Alicia Calaza (A Estrada, Pontevedra), compartió su experiencia desde el ámbito rural: “La mayoría de nuestros mayores desean permanecer en sus hogares, pero carecen de los apoyos necesarios”. Destacó que el 89% de las personas mayores de 65 años son propietarias de una vivienda, lo que permite estructurar modelos de convivencia en torno a este recurso. Además, propuso incentivos fiscales para quienes financian su dependencia con medios propios.
Por su parte, el inspector de Hacienda Domingo Carbajo hizo hincapié en la necesidad de una regulación clara: “Para que existan beneficios fiscales, debe haber certeza jurídica, escritura pública y mecanismos de control”. Defendió una estrategia transversal que combine normativa, registro y fiscalidad para dar estabilidad a estas nuevas formas de convivencia.
