La Plataforma de Mayores y Pensionistas, PMP, ha organizado la jornada Mayores y Brecha Digital, con el objetivo de abordar de la mano de diversos expertos, el problema de la brecha digital que está afectando a miles de personas mayores y personas con discapacidad mayores, así como la imperante necesidad de que servicios tanto públicos como privados las tengan en cuenta.
El presidente de la Plataforma, Ángel Rodríguez Castedo, ha denunciado que “a medida que crece la brecha digital, crece el desamparo y la indignación en las personas mayores”. “Esto no se puede permitir, ya que se intensifica su exclusión, su sensación de abandono y de inutilidad, y a esto se le llama maltrato, edadismo”, ha aseverado. Además, Rodríguez Castedo ha recordado que es responsabilidad de los poderes públicos trabajar en marcos legislativos que protejan los derechos de las personas mayores, al tiempo que ha
demandado a las entidades financieras y a las grandes empresas de servicios que deben cambiar sus estrategias para relacionarse con los ciudadanos y adoptar medidas que respondan a las reivindicaciones de las personas mayores en cuanto a una atención personal.
La presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, encargada de inaugurar el acto, se ha referido a los tres grandes retos del siglo XXI: la extensión de la digitalización, el cambio climático y el reto demográfico. En cuanto a la brecha digital, ha afirmado que “es imparable” y que la atención personal en servicios tanto públicos como privados “va a menos”. Por lo que
ha llamado la atención sobre la evidente necesidad de una formación «que no deje a nadie atrás».
Actores unidos
El presidente y fundador de Adopta un abuelo, Alberto Cabanes, ha destacado que, para reducir la brecha digital, todos los actores sociales “debemos estar unidos”, desde el sector público legislando a favor de los derechos de las personas mayores; las empresas, adaptando sus servicios a todos los usuarios, y el Tercer Sector, promoviendo acciones de voluntariado con personas mayores para ayudarles a enfrentarse a la transición digital.
La catedrática de Filosofía del Derecho de la UNED, Ana María Marcos del Cano, se ha centrado en el respeto a la dignidiad y a los derechos fundamentales de las personas, más allá de la digitalización. Se ha referido a la brecha digital como una discriminación social, “que necesita de la responsabilidad de todos”. Para ella, “los derechos del mundo real deben ser trasladados al mundo digital, configurando las nuevas tecnologías de acuerdo a los valores y necesidades humanas”.
Las empresas más implicadas en esta revolución tecnológica, también han estado presentes en este encuentro: el director de Comunicación y Desarrollo Corporativo
de Microsoft, Carlos de la Iglesia; la responsable de la Unidad de Competencia Social del mercado de AAPP de Minsait, Patricia Leal, y la directora general de Fundación Telefónica, Carmen Morenés Giles. Todos han coincidido en que para conseguir una digitalización inclusiva, hay que buscar soluciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, tales como: la accesibilidad, la usabilidad, la tecnología centrada en la persona, o la colaboración de las empresas con las administraciones públicas en materia de innovación, entre otras.
Además, el jefe de sección de Unidad Editorial, Juanjo Becerra; el director del programa Juntos Paso a Paso de RNE, Juan Fernández, la directora del programa Palabras Mayores del Grupo Senda, Juani Loro, han debatido en la mesa ‘La visión de los medios’ y han coincidido en que la cobertura mediática de los problemas que afectan a las personas mayores ayudan a crear conciencia social, pero han advertido al mismo tiempo que no debe ser una información puntual, sino algo que se prolongue en el tiempo, ya que, dado que la próxima generación ya está digitalizada, “el esfuerzo hay que hacerlo ahora”.
La mesa dedicada al Compromiso de los partidos políticos, ha contado con portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo (PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos). Interlocutores que han hablado de la responsabilidad parlamentaria en este debate para que la digitalización no se convierta en una estigmatización, si no en un derecho sobre el que los políticos deben estar alerta, adoptando las medidas legislativas oportunas que garanticen sus derechos.
Por último, la directora General de Consumo, Bibiana Medialdea, quien se ha encargado de clausurar el acto, ha apuntado a que ya existe en España la figura jurídica de persona consumidora vulnerable, que tiene un “potencial importante”, ya que permite ampliar el concepto de vulnerabilidad y genera obligaciones para los poderes públicos y empresas para la protección de personas en situación de vulnerabilidad.
