La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha denunciado la decisión del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España de recortar drásticamente la financiación a las ONG estatales de Acción Social en un momento de crisis devastadora causada por la pandemia. El papel de las entidades es más esencial que nunca, ya que son ellas las que están contribuyendo, en mayor medida, con sus estructuras y redes al sostenimiento de las necesidades de los colectivos más vulnerables.
Así lo ha manifestado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Luciano Poyato, tras mantener una reunión con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, y en la que también estuvieron presentes las organizaciones miembros de la propia plataforma. En ella se han abordado temas relacionados con la financiación del Tercer Sector, concretamente con el 0,7% del IRPF de interés social y del Impuesto de Sociedades, para hacer frente a la crítica situación actual.
Poyato ha asegurado que, durante el estado de alarma, cuando los servicios sociales han estado desbordados, las entidades del Tercer Sector de Acción Social han sido factor clave en la ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad social y el reconocimiento a esta labor se debería mostrar, en su opinión, con garantías económicas y jurídicas para que puedan mantener la capacidad de respuesta demostrada. Por esto, ha criticado la decisión del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ya que solo hace, a su juicio, debilitar las respuestas y los instrumentos de las políticas sociales del Estado.
Hasta ahora, y tras una resolución del Tribunal Constitucional, el total recaudado a través del 0,7% del IRPF era gestionando en un 80% por las Comunidades Autónomas y en un 20% por el Estado. Igualmente, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, dicta que la recaudación a través de la casilla con fines sociales del 0,7 % del Impuesto de Sociedades se debe articular como una convocatoria supraterritorial y en su totalidad debe ir destinada a financiar proyectos de interés social presentados por entidades de acción social de ámbito estatal.
En la mencionada reunión la secretaría de Estado de Derechos Sociales ha comunicado a los representantes de la PTS que las entidades estatales podrán gestionar el 14% de lo recaudado en el IRPF, una cifra que no se corresponde con el 20% fijado sobre el total para acción social, que asciende a 283 millones de euros. “Esta reducción del 20% al 14% supone una pérdida de 14,5 millones de euros, que servirían para garantizar la solvencia de las entidades sociales estatales y para seguir trabajando en favor de las personas que verdaderamente lo necesitan”, ha indicado Poyato.
En relación con el 0,7% del Impuesto de Sociedades, la secretaría de Estado ha informado que la distribución de los recursos se verá también modificada y las entidades de Acción Social estatales verán recortada su financiación en este caso en casi un 23%, ya que esta cuantía irá destinada a proyectos de cooperación y medioambientales.
Poyato recuerda que las entidades sociales están atendiendo a más de 6 millones de personas al año en una situación de financiación pública “muy precaria”, por lo que esta última medida de recorte impide que el Tercer Sector pueda contribuir como hasta ahora en la atención social de los grupos más vulnerables. “Si no existe compromiso y medidas adecuadas de apoyo y refuerzo no podremos defender los derechos de las personas que más lo necesitan, ni avanzar en el proceso de reconstrucción social del país”, ha puesto sobre la mesa.
Por último, ha manifestado el absoluto rechazo del Tercer Sector a estas decisiones tomadas por el Ministerio y ha dicho que las entidades sociales estatales no pueden verse tan perjudicadas hasta el punto de poner en riesgo su misión social en un momento de máxima urgencia en el que la prioridad debería ser la reconstrucción social para que de verdad nadie quede atrás.
