Consecuencias de las medidas de la reforma de las pensiones

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En los últimos días, la reforma de las pensiones se ha convertido en contenido central de todos los informativos. Una reforma ante la que cabe preguntarse cómo influirán las medidas a tomar en los pensionistas de hoy y en los de mañana, y el sistema económico nacional. El experto de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, Ángel de la Fuente, da las claves.

 

Tras varios meses de negociaciones, las grandes líneas de la fase final de la reforma de las pensiones se han concretado en un pacto entre los dos partidos de la coalición de gobierno que cuenta con el apoyo de los sindicatos, pero no de la patronal, y con la aquiescencia de la Comisión Europea a la espera de las proyecciones del próximo Ageing Report. Las principales medidas acordadas son las siguientes:

– Procedimiento “dual” de cálculo de la pensión inicial: Se permitirá al trabajador escoger entre el sistema actual, en el que la base reguladora de la pensión se calcula como una media de los salarios actualizados por inflación de los últimos 25 años de actividad, y un cálculo alternativo en el que el período de cómputo se amplía hasta los 29 años, pero se descartan los 24 meses con menor base de cotización actualizada.

– Endurecimiento del MEI: subida escalonada de la cotización extraordinaria ligada al MEI, desde 0,6 hasta 1,2 puntos porcentuales, que se mantendrá al menos hasta 2050 en vez de sólo durante los diez años inicialmente previstos.

– “Destope” de las cotizaciones: subida gradual de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social entre 2024 y 2050, acompañada de la cuasi-congelación de las pensiones máximas. La base máxima de cotización aumentará en términos reales (esto es, tras ajustarla por la inflación) a una tasa anual del 1,20%, mientras que la pensión máxima lo hará al 0,115%. Esto supondrá en 2050 un incremento acumulado del 38% para la base máxima de cotización y del 3,15% para la pensión máxima, ambas medidas a precios constantes.

– Nueva cuota de solidaridad: gravará la parte de los salarios que exceda la base máxima de cotización a un tipo que irá subiendo gradualmente hasta alcanzar el 6%.

– Subida de las pensiones mínimas contributivas y asistenciales, para ligarlas a la renta mediana y al umbral de pobreza, respectivamente, y ciertas mejoras en la cobertura de lagunas y el complemento de brecha de género.

 

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Ángel de la Fuente (FEDEA e IAE-CSIC) en la que se cuantifica el impacto de estas medidas y se hace un balance provisional de las implicaciones presupuestarias del conjunto de la reforma en curso.

Las principales medidas adoptadas en la primera fase de la reforma de pensiones generarán un fuerte incremento del gasto en pensiones durante las próximas décadas sin afectar a los ingresos por cotizaciones. De acuerdo con las estimaciones del propio Gobierno, el incremento del gasto en pensiones (y por tanto del déficit ordinario del sistema contributivo) generado por estas medidas se situará en torno a 3,5 puntos del PIB en 2050.

En principio, la segunda parte de la reforma debería haber servido para cerrar el grueso de esta brecha, asegurando así la sostenibilidad del sistema de pensiones. En la práctica, sostiene el autor, las medidas compensatorias adoptadas hasta el momento son claramente insuficientes.

Con el procedimiento “dual” de cálculo de la pensión inicial no sólo se renuncia en la práctica a cualquier ahorro derivado del alargamiento del período de cómputo, sino que se aumentará el gasto pues sólo optarán por el período de cómputo más largo aquellos que con él percibirán una pensión más alta. En cuanto a las medidas de ingreso previstas, su impacto será muy limitado, en buena parte porque se concentran en un segmento muy reducido de la masa salarial, el que corresponde a aquella parte de los salarios que se sitúa por encima de la actual base máxima de cotización, que sólo supone un 2,6% del PIB y un 5,3% de las rentas totales del trabajo. Una vez desplegados por completo en 2050, el destope de las cotizaciones incrementará la recaudación en 0,15 puntos de PIB y la introducción de la cuota de solidaridad en 0,13 puntos adicionales. La subida de los tipos de cotización en 1,2 puntos porcentuales ligada al MEI, por su parte, aportará otros 0,40 puntos, elevando la ganancia de ingresos hasta 0,68 puntos de PIB, una quinta parte de lo que sería necesario para compensar el incremento esperado del gasto.

Para valorar el impacto presupuestario neto del conjunto de las reformas en curso habría que considerar también el impacto de la reforma del sistema de cotización de los autónomos y de la introducción de incentivos para la prolongación de la vida laboral. Reconociendo la dificultad de estimar con precisión sus efectos, el autor considera muy dudoso que estas medidas generen ahorros netos significativos a largo plazo.

Por tanto, concluye el autor, la reforma en curso condena al componente contributivo del sistema público de pensiones a un déficit básico (antes de transferencias) elevado y rápidamente creciente durante las próximas décadas, lo que exigirá cuantiosas y crecientes aportaciones de recursos generales que podrían dejar poco margen para otras prioridades. En 2019, el último ejercicio antes de la crisis del Covid y del inicio del trasvase de su déficit al Estado, la Seguridad Social presentaba un déficit de un 1,3% del PIB. De acuerdo con las previsiones del propio Gobierno español para el último Aging Report, esta cifra se elevaría hasta el 2% en 2050 en ausencia de medidas de política y en 3,5 puntos adicionales como resultado de la primera fase de la reforma de pensiones, alcanzando el 5,5%. De aquí habría que deducir 0,7 puntos por las medidas de ingreso analizadas más arriba, que podrían quizás elevarse hasta 1 punto completo para recoger posibles ganancias ligadas a los incentivos para prolongar las vidas laborales y al cambio en el sistema de cotización de los autónomos. Con todo, en torno a 2050 tendríamos que inyectar cada año a la Seguridad Social recursos extra por valor de unos 4,5 puntos de PIB, lo que supondría en torno al 60% de la recaudación por IRPF (que en 2019 fue del 7,56% del PIB). Tal presión dejará poco margen para financiar un mayor gasto en casi cualquier otra cosa, incluyendo sanidad y dependencia, con necesidades rápidamente crecientes debido al rápido envejecimiento de la población.

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