España gasta menos en dependencia que Europa y mantiene fuertes desigualdades territoriales.
España sigue situándose a la cola de Europa en gasto público en cuidados de larga duración y presenta importantes diferencias entre comunidades autónomas en la aplicación de la Ley de Dependencia. Así lo advierte un nuevo informe elaborado por investigadores Jiménez-Martín, S. y A. Viola de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que analiza el balance del sistema de atención a la dependencia cuando está a punto de cumplirse el vigésimo aniversario de su aprobación.
El documento concluye que, pese a los avances registrados en los últimos años, el sistema español continúa infrafinanciado, depende en exceso del cuidado informal, que es asumido mayoritariamente por mujeres, y presenta problemas estructurales de equidad, calidad y sostenibilidad.
Según el estudio, España destina actualmente entre el 0,9% y el 1% del PIB a cuidados de larga duración, muy lejos de la media de la OCDE (1,8%) y de los países del norte de Europa, donde el gasto alcanza entre el 3% y el 4% del PIB. En el ámbito sanitario, la dependencia apenas representa algo más del 10% del gasto total, una proporción claramente inferior al promedio europeo.
Este bajo esfuerzo presupuestario resulta especialmente significativo en un país con una de las mayores esperanzas de vida del mundo y un rápido envejecimiento de la población. El informe subraya que el sistema se sostiene en gran medida gracias al cuidado informal dentro de las familias, un coste social y económico que no aparece en las cuentas públicas, pero que tiene consecuencias relevantes en términos de empleo, desigualdad de género y bienestar.
Avances desde 2021, pero persiste el “limbo de la dependencia”
El análisis reconoce mejoras desde 2021, especialmente tras el aumento de la financiación estatal y la puesta en marcha del denominado Plan de Choque, que ha permitido reducir de forma notable el número de personas en el llamado “limbo de la dependencia”: aquellas con derecho reconocido a una prestación que no la reciben de forma efectiva.
Sin embargo, a mediados de 2025 más de 280.000 personas seguían esperando una valoración, la aprobación de su plan individual de atención o la puesta en marcha de la prestación concedida. Los tiempos de tramitación varían de forma muy significativa entre comunidades autónomas, lo que plantea serios problemas de equidad territorial en el acceso a los derechos.
Diecisiete modelos distintos y predominio de las prestaciones económicas
La descentralización del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha permitido adaptar los servicios a las características de cada territorio, pero también ha dado lugar a una elevada fragmentación. En la práctica, coexisten diecisiete sistemas autonómicos con diferencias notables en la cartera de prestaciones y en la intensidad de la atención.
Aunque la ley nació con la vocación de priorizar los servicios profesionales, cerca del 40% de las prestaciones siguen siendo económicas, especialmente para cuidados en el entorno familiar. Estas ayudas, más baratas para la Administración, refuerzan el peso del cuidado informal y limitan el desarrollo de un sector profesionalizado de cuidados de larga duración.
El sector de la dependencia se ha consolidado como un importante motor de empleo, con más de 700.000 personas ocupadas y un crecimiento sostenido en los últimos años. No obstante, el informe alerta de problemas estructurales como los bajos salarios, la elevada parcialidad y temporalidad, la fuerte feminización del empleo y la creciente dependencia de mano de obra inmigrante.
Mejorar las condiciones laborales, la formación y la estabilidad del personal se presenta como un elemento clave para garantizar la calidad asistencial y la viabilidad futura del sistema.
Retos de futuro: financiación, equidad y calidad
El estudio concluye que el principal desafío del sistema español de cuidados de larga duración es avanzar hacia un modelo más equitativo, sostenible y menos dependiente del cuidado informal. Para ello, considera imprescindible contar con una financiación estable y suficiente, criterios homogéneos de acceso en todo el territorio y mecanismos de evaluación sistemática de la calidad de los servicios.
De cara a las próximas décadas, el gasto público en dependencia podría situarse entre el 1,8% y el 3% del PIB en 2050 si España converge con los estándares europeos. Los autores subrayan la necesidad de una estrategia nacional basada en la evidencia que garantice el derecho a la atención a la dependencia con independencia del lugar de residencia, aunque adaptada a las condiciones de cada territorio.
