Hacia dónde debe caminar la Convención de Derechos de las Personas Mayores

¿Hacía dónde debe caminar la futura Convención de Derechos de las Personas Mayores? ¿Cuál debe ser el contenido que blinde los derechos de este colectivo?

 

A estas y otras preguntas ha dado respuesta la jornada organizada en el Imserso en Madrid con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores. Un evento que ha reunido a los principales agentes sociales e institucionales relacionados con los mayores bajo el título: 2025: un año decisivo hacia una Convención de Derechos de las Personas Mayores.

Recordemos que los Estados Miembros de las Naciones Unidas, adoptaron el pasado mes de abril, en el seno del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, una resolución que marca un hito en la protección de los derechos humanos. Se trata de la creación de un grupo de trabajo intergubernamental con el objetivo de redactar un instrumento internacional jurídicamente vinculante. Este nuevo instrumento será la futura Convención Internacional sobre los derechos humanos de las personas mayores.

Los pasos siguientes dentro del sistema de Naciones Unidas se centrarán en definir los recursos técnicos y financieros necesarios, así como en establecer la estructura y funcionamiento del nuevo grupo de trabajo intergubernamental. El grupo está formado por cinco países, entre los que está España, que debe emitir un informe para finales de 2026. Ahora, será imprescindible asegurar una participación amplia y efectiva de todos los actores implicados: gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales y, de manera destacada, las propias personas mayores, quienes deben ocupar un lugar central en este proceso.

La Directora general del Imserso, Mayte Sancho, ha afirmado que esta Convención es necesaria porque «aun hoy existen millones de personas sin derechos que tenemos que defender», por lo que es esencial abogar por políticas públicas que protejan los derechos de las personas a cualquier edad. Y se ha mostrado satisfecha al poder formar parte de la redacción de esa Convención. Aunque ha reconocido que el proceso puede ser largo, «abrimos el proceso porque queremos una Convención de derechos sólidos, unívocos y aplicables«.

 

A propósito de los derechos humanos

En la misma línea que la Directora general del Imserso, se ha manifestado el catedrático de Fisolofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Rafael de Asís. Ha afirmado que la Convención es necesaria por ser un instrumento importante de lucha contra la discriminación. Debe ser, ha dicho, «un instrumento ético que permita llevar al Derechos las nuevas formas de cuidados y la autonomía«.

Además, será muy importante para dar mayor visibilidad a las personas mayores de todo el mundo y para fortalecer los mecanismos de control necesarios. Y, al igual que ocurrió con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, «debe ser una guía normativa». Porque la Convención puede servir para interpretar derechos y obligaciones. De Asís ha asegurado, también, que «ojalá sirva para impulsar un cambio en el artículo 50 de la Constitución española», posibilitando así que los derechos reflejados en la Convención «tengan reflejo en nuestras leyes».

Los derechos que recoga esta redacción han de estar en línea de los Derechos Humanos, lo que implica situar a la persona en el centro, «contemplar la perspectiva de género y reconocer que esos derechos no solo están en los espacios públicos».

En cuanto a la definición de persona mayor de la que deberían partir esos derechos, el filósofo reconoce que, aunque existen algunos precedentes como la que se recoge en la Convención Iberoamericana sobre mayores de 2015, él aboga por recoger el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así, habría que entender qué es una persona mayor desde el  derecho a la vida independiente y el derecho a la inclusión en la comunidad. De este modo es más fácil enteder «qué somos las personas, la importancia que deben tener los cuidados y los apoyos, también la autonomía y la interdependencia».

 

Antecedentes de la Convención

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuáles son los antecedentes de esta Convención? Han sido muchos años de lucha a nivel internacional, reivindicando la necesidad de reconocer los derechos de las personas mayores. De hecho, esta Convención «no es un regalo caído del cielo», como reconoció la presidenta de HelpAge España, Isabel Martínez. En los últimos 25 años se han producido movimientos muy poderosos que nos han traido hasta aquí.

Entre los pasos dados en las últimas décadas, Martínez recordó la II Asamblea de Madrid en 2002 donde, más de 2.000 organizaciones de mayores, pidieron crear un Comité de Drechos de los Mayores, un Observatorio Internacional y «un organismo similar a UNICEF centrado en los mayores». Posteriormente, en 2010, «y gracias a la presión de países como Argentina», se crea un Grupo de Composición Abierta sobre Personas Mayores.

Otro de los pasos importantes dados en estos años, y en este caso en nuestro país, es la creación de la Mesa Estatal por los derechos de las personas mayores en 2013. Al año siguiente se crea la figura de la Experta independiente de la ONU, que realiza periódicamente informes sobre la situación en la que viven los mayores en el mundo. Y en 2015 tiene lugar la I Convención de Derechos Humanos de las Personas Mayores en Iberoamérica. «En 2017 se crea el Protocolo de Carta de Derechos Humanos en África, y en 2021 la OMS reconoce el concepto y las consecuencias del edadismo».

Todos estos pasos, según Martínez, demuestran que la acción y el activismo de los movimientos internacionales de mayores «han sido y son un instrumento potente para cambiar la realidad».

Dicho esto, y expuestos todos estos avances, Martínez reconoció que esta Convención servirá para cambiar el enfoque, para que «los Estados se comprometan en cambiar las políticas públicas que refuerzan la discriminación».

Los mayores impulsan la acción

Tomando como referencia el lema elegido este año para celebrar el 1 de octubre (Las personas de edad impulsan la acción local y mundial: nuestras aspiraciones, nuestro bienestar y nuestros derecho), el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Norberto Fernández, señaló que aún queda mucho por hacer. Y, entre las acciones que deben impulsar los mayores, señaló que es necesario centrarse en tres aspectos para conseguir el bienestar: las pensiones, la sanidad y los cuidados de larga duración. Por eso es necesario, afirmó, centrarse en aciones para consolidar y blindar el Sistema Público de Pensiones, para consolidar y mejorar el Sistema sanitario, y para «mejorar los servicios sociales y la atención a la dependencia». Mejorar la financiación de la dependencia pasa por dedicarle el 1,6 % del PIB (que es la media europea) y no el 0,8 % del PIB.

Para el presidente de la PMP, hasta que llegue esta Convención «deberíamos tener una ley de protección integral de los derechos de las personas mayores, en la misma línea que ya existen para la infancia o la discapacidad». Reconoce que no «se puede esperar a que llegue la Convención que tarderá unos años, hay que trabajar ya para blindar los sistemas de protección y para superar las brechas de todo orden (género, económicas, digitales o sociales).

 

Contenido de la Convención

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, reconoció que desde el punto de vista de la discapacidad, esta Convención será muy positiva. «Las personas mayores reúnen las características necesarias para tener un reconocimiento y respaldo a la protección de sus derechos a nivel internacional», alegó. Además, «también tenemos interés puesto que el 60 % de las personas con discapacidad en España tienen más de 65 años». Las personas con discapacidad presentan peculiaridades en su proceso de envejecimiento, por lo esperan que sus derechos también se recojan en esta Convención.

Cayo, recordando cómo se desarrolló la Convención del 2006, alentó a que en el proceso de redacción no solo participen expertos y los gobiernos. «Han de participar los movimiento sociales para que sera un mejor texto», añadió.

Por su parte, Carlos Fernández, miembro del Comité de derechos humanos de Naciones Unidas, insistió en la necesidad de esta Convención. Es necesaria, dijo, por la fragmentación que existe en el Derecho relativo a las personas mayores. «Al no existir un marco de referencia, saber cuáles son sus derechos genera confusión. Falta claridad normativa en el ámbito internacional, nacional y en el ámbito del Derecho comparado», explicó.