La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCEMFE, reclama que 14 enfermedades crónicas y discapacitantes den derecho a la jubilación anticipada.
COCEMFE ha solicitado al Gobierno que 14 enfermedades concretas sean incluidas en el listado oficial que permite acceder a la jubilación anticipada para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 45%. La petición ha sido formalizada mediante el envío de 14 informes al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Las enfermedades que COCEMFE considera prioritarias por su impacto en la salud, la calidad de vida y la esperanza de vida de quienes las padecen son las siguientes:
Enfermedad renal crónica.
Enfermedad de Parkinson.
Lupus eritematoso sistémico.
Artritis reumatoide.
Espina bífida.
Fibromialgia.
Esclerodermia.
Encefalomielitis miálgica (también conocida como síndrome de fatiga crónica).
Enfermedad de Steinert.
Enfermedad de Huntington.
Enfermedad de Andrade.
Inmunodeficiencias primarias.
Hipertensión pulmonar.
Paraparesia espástica.
Según explican desde la Confederación, todas estas patologías cuentan con evidencia científica suficiente sobre su asociación a una reducción significativa de la esperanza de vida. Y es este uno de los criterios clave recogidos en la normativa que regula el acceso a la jubilación anticipada por discapacidad.
Anxo Queiruga, presidente de la entidad, insiste en que “estas 14 enfermedades provocan un gran deterioro físico, dificultades laborales severas y un sobrecoste permanente para las personas que las padecen”. Por tanto “es urgente que se reconozca su impacto a través del derecho a una jubilación anticipada justa y adaptada”.
Las propuestas han sido elaboradas con el respaldo de diversas entidades del Movimiento Asociativo de la discapacida. Entre ellas FEP, FELUPUS, LIRE, FEBHI, FRIDA, CONFESQ, ASEM, ALCER, AEPEF, HPE, COGAMI y otras organizaciones especializadas en estas patologías.
Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión Técnica compuesta por profesionales médicos, investigadores, representantes de organizaciones de personas con discapacidad y miembros de la Administración de la Seguridad Social. Esta comisión valorará cada caso en función de su base científica y, después, elaborará un informe provisional.
Una vez finalizado este proceso, se abrirá un plazo de diez días para que las partes interesadas presenten alegaciones. Tras su análisis, la Comisión emitirá un informe definitivo que deberá contar con el apoyo de al menos dos tercios de sus miembros con derecho a voto. Finalmente, será la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social quien dictará la resolución definitiva en un plazo máximo de seis meses.
Desde COCEMFE reconocen que esta ampliación del listado de enfermedades reconocidas es un paso esencial para avanzar en los derechos laborales y sociales de las personas con discapacidad. Anuncian, además, que seguirán trabajando para incluir nuevas patologías en el futuro.
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