La población sénior trabajadora en España -aquellas personas mayores de 55 años- está cobrando un protagonismo creciente en el debate político, económico y social. Lejos de considerarse un reto, comienza a reconocerse como una valiosa oportunidad para dinamizar el mercado laboral y sostener el crecimiento económico en un contexto de envejecimiento demográfico.
En esta línea se enmarca la reciente propuesta del Gobierno para implantar una figura de jubilación reversible, que permitiría a las personas ya jubiladas reincorporarse al mercado de trabajo si así lo desean. Esta iniciativa coincide con las recomendaciones recogidas en el informe “Perspectivas de Empleo para 2025” de la OCDE, que insta a España a movilizar el talento sénior actualmente desempleado —más de 530.000 personas mayores de 55 años según el INE— y a frenar las jubilaciones anticipadas.
Según la OCDE, aprovechar este potencial humano podría suponer un incremento del 0,26% del PIB, suficiente para compensar el impacto negativo de la reducción progresiva de la población activa.
El V Barómetro del Consumidor Sénior, elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE, analiza cómo afrontan el presente y proyectan su futuro las personas mayores de 55 años en nuestro país. Uno de los datos más reveladores es que el 38% de los sénior en activo y el 25% de los ya jubilados estarían interesados en compaginar pensión y trabajo, lo que demuestra una clara predisposición hacia modelos laborales más flexibles, como la jubilación parcial, activa o reversible.
Además, el 15% de los jubilados actuales afirma que le hubiera gustado prolongar su vida laboral más allá de los 65 años, lo que evidencia que muchas salidas del mercado laboral no se deben a una decisión personal, sino a limitaciones estructurales.
No obstante, esta voluntad de seguir trabajando convive con otra realidad: el 44% de los trabajadores sénior preferiría jubilarse antes de los 65 años. Esto subraya la necesidad de ofrecer incentivos adecuados y condiciones laborales atractivas para que la prolongación de la vida laboral no se perciba como una carga, sino como una opción deseable.
A pesar de su experiencia y disposición, muchas personas mayores de 55 años se enfrentan a discriminación por edad. Según el estudio, el 32% de las personas entre 55 y 59 años aseguran haberse sentido discriminadas en procesos de empleo, acceso a servicios sanitarios o productos financieros. Aunque este porcentaje baja al 23% en la franja de 60 a 64 años, sigue siendo relevante.
Esta discriminación, conocida como edadismo, es uno de los principales obstáculos para normalizar la presencia sénior en el ámbito laboral y social. Combatirla requiere no solo políticas públicas, sino también un cambio cultural profundo.
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