Cómo tratan las instituciones a las personas mayores

¿Cuál es el trato que dispensan las instituciones a las personas mayores? ¿Cuáles son las deficiencias más notorias de ese trato?

 

Aún son importantes las situaciones de discriminación que viven los mayores. Así lo revelan las conclusiones del estudio El trato de las personas mayores en las instituciones, elaborado por la Plataforma de Mayores y Pensionistas, PMP, junto a la consultora Fresno Consulting. El estudio analiza estas situaciones bien vengan de las administraciones públicas o bien vengan de empresas privadas.

Este análisis se ha realizado en un momento en el que la digitalización de los servicios de la administración y de las empresas se está llevando a cabo «de forma poco sensible como mínimo», refleja el texto. «No contando con las habilidades de una parte de ese colectivo de personas mayores y con discapacidad«, añade.

Desde la Plataforma, con los datos de este estudio en la mano, se reivindica una vez más el respeto a los derechos de estas personas. Y se enfatiza la urgencia de legislar la obligatoriedad «de atender de forma más personalizada, en condiciones de igualdad y sin discriminaciones, a ese gran colectivo de usuarios y/o consumidores vulnerables«. Así lo asegura el presidente de la PMP, Lázaro González.

 

Situaciones discriminatorias para los mayores

El estudio reconoce que, al menos un tercio de las personas mayores, considera que el trato que recibe de las administraciones «no es un trato correcto y adecuado». El mayor porcentaje discriminatorio se localiza en el sector de la banca, seguido por las empresas de telefonía e internet, los Servicios Sociales y las administraciones autonómicas y provinciales.

El 14 % de las personas mayores siente que recibe un trato inadecuado o discriminatorio de la banca. La tasa de discriminación del resto de servicios es del 10 %. Uno de los principales problemas reconocidos por los mayores es no poder realizar gratuita y libremente gestiones presenciales en las oficinas.

Según las personas que han participado en este estudio, la incidencia de mala praxis con los mayores es más frecuente en las empresas privadas de servicios esenciales que en las administraciones públicas.

Casi la mitad de los consultados reconoce que ha tenido problemas con los servicios de empresas que prestan servicios esenciales. Un 49,6 % asegura que ha tenido problemas para cancelar o darse de baja, y un 45 % ha recibido una información que no ha entendido.

En lo referente a la digitalización, el 76,5 % desconfía de las gestiones a realizar por Internet y se sienten inseguros por los posibles fraudes. El 72,1 % se siente excluido cuando no existe la posibilidad de realizar las gestiones de forma presencial. Y el 65,8 % declara tener dificultades para realizar gestiones y consultas online.