La PMP contra la exclusión financiera de los mayores

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La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), ha solicitado reunirse a la mayor rapidez posible con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; el ministro de Consumo, Alberto Garzón; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y con el director general del IMSERSO, Luis Alberto Barriga, con el objetivo de abordar la exclusión financiera que sufren los más de 10 millones de personas mayores y pensionistas en nuestro país.

La recién constituida Plataforma quiere, con estas reuniones, hacer llegar a estos responsables políticos su preocupación ante la exclusión financiera que están sufriendo las personas mayores, causada por el cierre de miles de sucursales bancarias que se está produciendo desde hace años. Estos cierres han generado muchas dificultados a este colectivo que se ha sentido discriminado por razón de su edad, a la hora de acceder a servicios como los cajeros automáticos y a las comunicaciones on line.

«Esta exclusión financiera tiene unas graves consecuencias sobre las personas mayores (especialmente las muy mayores), que se sienten abandonadas, humilladas, incluso inútiles”. “Esto es maltrato. Edadismo”, ha aseverado el presidente de la PMP, Ángel Rodríguez Castedo. Y se ha mostrado convencido de que desde la organización pueden aportar propuestas constructivas que faciliten la inclusión financiera de los mayores.

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Medidas urgentes

La Plataforma considera urgente la necesidad de crear un «nuevo marco normativo que proteja los derechos de las personas mayores», en su acceso a los diferentes servicios bancarios. Actualmente, hay en tramitación un anteproyecto de Ley para regular los servicios de atención al cliente, aprobado en Consejo de ministros el 16 de noviembre de 2021, en la cual se establecerá el derecho de los consumidores a obtener por parte del prestador de bienes y servicios una atención gratuita, eficaz, accesible, inclusiva, no discriminatoria y evaluable.

Además, ha demandado la puesta en marcha por el sector bancario de medidas responsables como la creación de un “gestor del mayor” en cada una de las oficinas bancarias, que ayude a los mayores en su interacción con el banco, así como complementar los servicios digitales con una buena atención telefónica, la instalación de dispensadores de efectivo más allá de la oficina bancaria, especialmente en la España rural, o el incremento de las competencias digitales de las personas mayores, entre otros.

También ha incidido en la necesidad de hacer ver al sector bancario la oportunidad “reputacional” de poner en marcha medidas inclusivas para las personas mayores y que trabajemos desde el convencimiento de que “es posible la necesaria digitalización sin dejar a nadie atrás”.

 

 

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